Pese a la alegría
de la mayoría constitucionalista de nuestra sociedad por el aval
dado por el Tribunal Constitucional a la modificación llevada a cabo
por el Gobierno balear al suprimir la exigencia del conocimiento del
catalán como requisito para acceder a la función pública, no
podemos olvidar, que tras la casi euforia inicial la realidad es
tozuda y sentencias sobran, lo que realmente faltan son gobernantes
que las hagan cumplir. Ese es el gran problema de este país.
Pese al seis a
cuatro, el fallo es impecable, ya que avala una reforma para
equilibrar el papel del español (y no castellano) en el ámbito
oficial y administrativo, y digo que es impecable porque no impone
ninguna de las dos lenguas cooficiales sobre la otra.
En teoría, esta
decisión del Tribunal Constitucional proporciona nuevos argumentos
jurídicos a los aspirantes a la función pública en Cataluña que
sean contrarios a que se exija el catalán para todos los puestos,
sea cual sea el perfil lingüístico de estos.
El alto tribunal
establece, que el conocimiento del catalán puede ser un mérito para
acceder a la Administración, pero nunca un requisito, por lo que
queda claro, que la imposición del uso preferente del catalán viola
las garantías constitucionales de los ciudadanos de las comunidades
afectadas.
A fecha de hoy, con
los sucesivos fallos del Supremo y del Constitucional, podemos
afirmar que mucha de la legislación de las CCAA bilíngües están
al margen de la legalidad, y también sabemos, que la Generalidad se
negará a aplicar esta resolución del TC, cosa que ha hecho con
todas las sentencias similares en materia de lengua y enseñanza.
Lo que todo este
asunto pone en evidencia es hasta que punto la situación se ha
desbordado en España. El sentido común nos dice que el español
debe tener un tratamiento equilibrado respecto del catalán en todos
los ámbitos, y que por supuesto, las dos lenguas deben de convivir
en situación de igualdad. Ya está bien de que el español haya
estado expulsado de la esfera pública en Cataluña y en Baleares. Al
menos, en Baleares, los funcionarios podrán atender a los ciudadanos
en catalán y en español.
La clase política
de Baleares y Cataluña, nacionalistas y sus cómplices, ha
conseguido expulsar al español al ámbito de la calle, pero debido a
su fuerza a conseguido sobrevivir pese a los intentos por
erradicarla, ahora en Baleares vuelve a la administración, recupera
terreno perdido, ¿Cuando nuestro Gobierno impondrá la ley en
Cataluña?