El
Gobierno le encargó a una comisión de expertos, elaborar un informe
en busca de fórmulas que hagan posible una gestión mas eficaz, mas
rápida y mas barata en la Administración Pública. Durante seis
meses han estado trabajando en ello, y ese informe ya lo tiene en su
mano Mariano Rajoy.

El
documento incluye 217 medidas encaminadas a actualizar y optimizar la
estructura administrativa a nivel estatal y autonómico. Es de
suponer, que han sido detectadas las duplicidades, ineficiencias, el
despilfarro y los trámites abusivos.

Lo
curioso de todo esto, es que la tan cacareada reforma de la
Administración que se iba a hacer gracias a la mayoría absoluta de
que dispone, se va a quedar, según palabras de Rajoy, en una
propuesta que recoge una suma de recomendaciones que se tendrá que
negociar con las CCAA. Rajoy ya da a entender sin sonrojarse, que el
Gobierno que preside es incapaz de imponer nada a los gobiernos de
las diferentes CCAA.

Es
evidente que las 97 propuestas relativas a la Administración General
del Estado empezaran a aplicarse de inmediato, pero las 120 restantes
relativas a las CCAA dudo que con la tibia actitud de Rajoy al
abordar este asunto se puedan llevar a efecto.

Alguien
cree que el gobierno catalán, ese mismo que no cumple las leyes ni
las sentencias, va a atender a unas recomendaciones del gobierno
central para que renuncie a atribuciones propias que ellos consideran
simbólicas desde su perspectiva identitaria. Por eso digo, que al
enterarse de esto, las carcajadas de Artur Mas deben de oírse hasta
en la localidad gaditana de Algeciras.

Posiblemente,
estas propuestas las discutirán las CCAA en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera.

Mientras
la deuda de nuestro sector público se sitúa en parámetros
escalofriantes y es equivalente al 90% de nuestro PIB anual, deuda
que sigue creciendo mes a mes de forma imparable gracias a que
gastamos mucho mas de lo que ingresamos. Rajoy, “en vez de coger el
toro por los cuernos” y dedicarse a llevar a cabo cambios de
calado, como eliminar el Senado, las diputaciones; empresas públicas,
entes, organismos, observatorios y TV autonómicas, en vez de eso, nos
habla de implantar el historial clínico digital, de crear el
registro electrónico de notificaciones, de centralizar las compras y
las contrataciones, o controlar de forma rigurosa la deuda comercial
del sector público, propuestas que me parecen muy correctas pero que
con la que tenemos encima nos saben a muy poco.

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