Los
demócratas pensábamos que tras la dictadura se instauraría una
democracia basada en los principios en que se basan todas las
sociedades democráticas, os hablo de libertad, igualdad,
solidaridad, pero resulta que mientras pasan años de “democracia”
vemos que la tendencia estatal es ahondar cada vez mas en el
intervencionismo y el totalitarismo, un estado que se empeña en
intervenir cada vez mas en las relaciones sociales e interpersonales.
El
sujeto protagonista de una sociedad democrática debe ser la
ciudadanía, y debe basarse en la responsabilidad y las libertades
personales, aunque ahora se viene observando que estos valores se
quieren sustituir por la identidad y la pertenencia a colectivos como
sujetos jurídicos, ideas contrarias a la democracia liberal.
Uno
de los principios básicos de una democracia es el de la igualdad, y
en ese aspecto son
muchas
las
luces
rojas
encendidas
con
respecto
a
la
situación
de
la
igualdad
en
nuestro
país,
que
cabe
describir
como en franco
retroceso
en
todos
los
frentes.
El
concepto
democrático
de
igualdad
se
pisotea
demasiado
a
menudo,
buena
parte
de
los
retrocesos
más
flagrantes
de
la
igualdad
efectiva
y
legal
han
ocurrido
durante
los
últimos
gobiernos
socialistas
o
con
su
consentimiento
tácito
o
expreso.
¿En
qué hemos retrocedido? Repasemos, pues es evidente que se amplía
la brecha social abierta según retrocede la igualdad que debe
garantizar la democracia.
El
coste de las matrículas universitarias en función de la Comunidad
Autónoma donde se resida, estudiar Derecho en Madrid cuesta una
matrícula sobre de 1300€, en Canarias sobre 800€ y en Galicia
sobre 600€; tasas que no tienen nada que ver con la renta familiar
o el salario medio, sencillamente son tasas determinadas por las
necesidades recaudatorias de las diferentes CCAA, lo que explica que
en algunas haya habido aumentos porcentuales enormes para el nuevo
curso. Al parecer, el principio de igualdad no recibe aquí la menor
consideración.
No
hay
igualdad
en
el
acceso
y
permanencia
en
el
mercado
laboral.
El
mercado
laboral
dual,
el
de
los
contratos
fijos
y
temporales,
con
gran
ventaja
para
los
primeros,
discrimina
a
los
jóvenes
y
a
los
últimos
incorporados
al
mercado
de
trabajo.
Existe
discriminación
por
sexo,
pues
considerar
el
sexo,
o
género,
como
lo
llaman
ahora,
como
una
agravante
natural,
es
una
barbaridad,
tal
y
como
se
recoge
en
la
Ley
de
Violencia
de
Género
y
otras
normas
semejantes.
Existe
la
discriminación,
en
la
elección
de
lengua
vehicular
en
la
enseñanza
y
en
las
relaciones
con
la
administración,
en
las
comunidades
bilingües;
el
caso
de
discriminación
más
patente,
aunque
en
absoluto
único,
es
el
de
Cataluña,
sentenciado
por
el
Tribunal
Supremo.
Supongo
que
ahora
será
obvio
que
el
sentido
de
la
“normalización
lingüística”
que
ignora
la
cooficialidad
del
castellano
no
era
otro
que
el
lavado
de
cerebro
de
la
secesión,
claramente,
otro
flagrante
ataque
a
la
igualdad
de
derechos.
La
cuantía y calidad de las prestaciones sociales, depende de en que
Comunidad Autónoma se viva, incluso pueden perderse si el ciudadano
se desplaza a otra comunidad, como es el caso de la asistencia
sanitaria. Otro claro ejemplo de desigualdad.
Los
votos de los ciudadanos no valen lo mismo, todo depende de en donde
se viva y a quien se vote, todo debido a los vicios de la actual Ley
Electoral. No todos los votos valen lo mismo porque el sistema
electoral privilegia la adscripción territorial –las provincias-
frente a la ciudadanía, produciendo un sistema virtualmente
mayoritario en vez de proporcional.
Desigualdad
fiscal
en
el
tratamiento
impositivo
de
las
rentas
del
trabajo
y
del
capital,
agravada
por
medidas
como
la
amnistía
fiscal,
y
en
general,
por
la
tolerancia
del
fraude
y
de
la
corrupción.
Lo
mismo
sucede
en
los
territorios
con
Concierto
Económico,
País
Vasco
y
Navarra,
privilegiados
a
base
de
menoscabar
los
derechos
del
resto
a
la
igualdad
fiscal.
Y
que decir de la igualdad a recibir Justicia, tras la aprobación de
las nuevas tasas judiciales, la desigualdad es palmaria, si no tienes
posibles lo tienes muy crudo, eso de “iguales ante la ley” es ya
un camelo.
Es
evidente
que
las
leyes
españolas
derivadas
de
la
Constitución
ni
protegen
ni
garantizan
de
modo
suficiente
la
igualdad
en cuanto a los derechos individuales,
las oportunidades
en la vida , la igualdad ante la Justicia y en muchas otras facetas.
La
igualdad es una de nuestras asignaturas pendientes, los partidos
políticos nos la han arrebatado y no están dispuestos a
devolvérnosla, recuperarla es labor de la ciudadanía.