Cuando
algún ciudadano necesitaba el documento acreditativo de su vida
laboral o de sus bases de cotización, solo tenía que solicitárselo
a la Tesorería General de la Seguridad Social, y esta, se lo
facilitaba con bastante rapidez.
Pero
de repente, los políticos vieron el filón que esto suponía y
decidieron externalizar el servicio, es decir, licitar la
contratación del servicio para la impresión, manipulado y envío de
documentos de vidas laborales y bases de cotización de la TGSS.
En
el BOE del 13 de junio de 2012 se ha vuelto a licitar, estamos
hablando de un contrato de cerca de 5 millones de euros que, de
seguro, irá a parar a una empresa amiga del poder político.
Tras
la privatización, la vida laboral solo se puede conseguir a través
de una llamada a un teléfono 901 o a través de Internet. El
problema viene cuando el domicilio del interesado no está
actualizado, entonces el interesado debe dirigirse a la
Administración de la TGSS para su modificación y posterior envío
por correo de su vida laboral al domicilio ya actualizado.
Pero
es que resulta, que para darle razón de ser a esta externalización,
a los políticos se les ocurre que no solo se les va a enviar la vida
laboral al ciudadano que la pida, se va a realizar de forma anual una
macrocampaña de envío de vidas laborales a toda la población.
Resultado de esto: los que necesiten una vida laboral y se acerquen a
una Administración de la TGSS no podrán obtenerla al momento, en
cambio, los que no la quieran ni la necesiten para nada, la recibirán
de igual manera e irá, probablemente, a la papelera.
Teniendo
en cuenta que los funcionarios y empleados de la TGSS están
perfectamente capacitados para dar ese servicio, ¿que justificación
hay para que esté externalizado?
Este
es un caso más de despilfarro y de pago de favores. Para mi,
corrupción política.