Lo que ocurrió ayer en el
Parlamento Autonómico de Cataluña, es de tal gravedad, que debería acarrear la
inmediata suspensión de la autonomía catalana, la detención y el procesamiento
del gobierno catalán, y por supuesto, iniciar la demolición, tomándose el
Estado los años que hicieran falta, de toda la estructura creada durante
décadas por el separatismo catalán, empezando por sus medios de comunicación y
su abanderada TV3, y también, disolviendo de inmediato a los Mossos, su policía
autonómica.
Quim Torra, defendió,
justificó y amparó “a sus terroristas detenidos”, legitimó la desobediencia
contra el Estado, atacó a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y participó en el
aplauso a quienes estaban preparándose para atentar. Torra se cree por encima
de la ley, se atreve a amenazar al Tribunal Supremo y exige la salida de
Cataluña, sobre todo, de la Guardia Civil ¿Qué más tiene que pasar para que el
Estado de Derecho actúe?
Ayer ingresaron en prisión
los siete miembros de los CDR acusados de delitos de terrorismo. Se les
atribuye exactamente, tenencia de explosivos, conspiración para el delito de
estragos e integración en una organización criminal cuyo objetivo es el de
subvertir el orden constitucional. Dos de los detenidos ya han reconocido los
hechos.
Nuestro gobierno, en vez de
actuar, se va a limitar a recurrir las resoluciones aprobadas, olvida que tiene
la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes. Es más que probable, que
una ETA catalana aparezca. Hasta parece que algunos lo pretendan. Si Sánchez y
su PSOE, creen que su tibia actitud con el separatismo golpista catalán les va
a dar votos, se equivocan, pues puede ser su tumba electoral.

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