La detención en Cerdeña del golpista prófugo, Carles Puigdemont, por la policía italiana, ha causado un cataclismo en La Moncloa, pues Sánchez es consciente de que, si la justicia italiana lo enviara a España, quienes le mantienen en la presidencia, es decir, los enemigos de nuestra Nación, no le seguirían apoyando si hiciese lo que por ley está obligado a hacer.

Desde que el Gobierno conoció la detención por orden de nuestro Tribunal Supremo, ha comenzado a realizar maniobras, contactos al más alto nivel con Italia y la UE, para que la justicia italiana haga lo mismo que en su día hicieron la alemana y la belga, es decir, trabaja en contra de los intereses de España y de los españoles intentando que el líder golpista huido de nuestra justicia sea puesto en libertad, y por lo tanto, no sea enviado a España para ser juzgado por los graves crímenes que ha cometido.

Dependiendo de lo que decida la justicia italiana, estamos ante un episodio que amenaza, con alterar y mucho, la posición de todas las fichas del tablero político catalán. Los partidos separatistas están muy divididos, pero si Puigdemont fuese enviado a España, si hay extradición, los partidos separatistas se reconciliaran y se unirán, pues tendría que ser juzgado de inmediato, y su segura condena supondría un enorme problema para Sánchez por la estrategia que ha seguido hasta ahora, esa del “bla, bla, bla del dialogo y la concordia” con quienes quieren romper nuestra Nación, con los conocidos indultos a los cómplices y subordinados del ahora “trincado”.

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