Recientemente
han sido condenados media docena de sindicalistas por cometer delitos contra
los derechos de los trabajadores. La reacción de los sindicatos, y de la
izquierda en general, no se ha hecho esperar ante la mencionada condena,
pidiendo airadamente el indulto que le niegan a otros y que en este caso
consideran un acto de justicia incontestable.
No
se puede reclamar al gobierno que prohíba por ley las medidas de gracia a los
condenados por corrupción, y en cambio, que si se le aplique a sindicalistas
que utilizan la violencia, ya que no es cierto que esos seis condenados
estuvieran ejerciendo legítimamente el derecho de huelga. Estaban sencillamente
practicando la coacción para impedir que trabajadores ejercieran su derecho
legítimo a trabajar.
A
esa milonga de los llamados “piquetes informativos” el tiempo se ha encargado
de desenmascararla, el grueso de los ciudadanos no entienden cómo se pueden
seguir consintiendo actos de violencia física y verbal con absoluta impunidad.
Los poderes públicos no podían seguir mirando hacia otro lado, en un acto que
más de benevolencia es de complicidad, en el que se impedía a los trabajadores
que así lo deseaban, trabajar.
No
debemos olvidar, que las penas se imponen para castigar el delito, y también, para
impedir que otros se sientan tentados a cometerlo. Para mí es evidente, que la
deriva violenta de cualquier protesta se está convirtiendo en habitual, y eso
es muy peligroso.
Si
tengo que elegir entre proteger a unos trabajadores amenazados y agredidos por
querer ir a trabajar, o permitir las acciones de sindicalistas violentos, es
evidente que siempre estaré con los primeros.
