Han pasado ya muchos días del trágico accidente ferroviario de Adamuz y conforme pasa el tiempo queda corroborada la responsabilidad del Gobierno criminal que padecemos. Empezamos a conocer detalles, que en cualquier democracia seria conllevaría la automática dimisión de todo el Ejecutivo. Quizás el problema esté en que los españoles estamos tan curados de espantos, que tristemente ya lo vemos todo como normal.
A estas alturas, tenemos muy claro que nuestro impresentable ministro de Trasportes, Oscar Puente, desde el primer día ha tratado de engañarnos, que nunca ha dicho la verdad y que la causa principal del accidente ha sido la falta de inversión y mantenimiento de nuestras infraestructuras ferroviarias.
Tras decirnos Puente que las vías de la red de Alta Velocidad habían sido renovadas integralmente, nos enteramos de que eso no era cierto, que solo se había sustituido lo que se veía que estaba en mal estado y claro está, compareció y rectificó obligado por las circunstancias. Ahora sabemos que hay vías que no se tocan desde 1989 y que muchas de esas están soldadas a otras nuevas, es decir, tramos con distinta composición soldados, según los expertos, una barbaridad y un peligro.
Lo cierto es que con muchos más kms de Alta Velocidad que otros países europeos y con muchos más trenes circulando, este maldito Gobierno emplea una cantidad ínfima en mantenimiento si nos comparamos con ellos.
También hemos conocido otras cosas que cabrean bastante, sobre todo, a las familias de las víctimas. Es indefendible por parte de quien dio la orden que se tuvieran que volver a Córdoba tres vehículos de la Policía Nacional con casi veinte policías especializados en catástrofes que abandonaron el partido de fútbol donde prestaban servicio y se dirigieran de motu proprio al enterarse de la magnitud de la catástrofe, a Adamuz. Esta fue una orden criminal, pues su presencia podría haber salvado vidas.
También se ha conocido que el Gobierno prohibió que se desplazaran al lugar del accidente sacerdotes para dar la extremaunción. Por lo visto, si todas las víctimas mueren en el acto, el Gobierno tiene menos responsabilidad y las indemnizaciones son más bajas, ahí está la clave de esa negativa propia de canallas.
En un país en el que su Gobierno dedica muchos más fondos a RTVE, su principal medio propagandístico que, a las infraestructuras, es normal que sucedan estas tragedias.
Mi duda es si el PP, al igual que ha dicho VOX, cuando Sánchez y su gobierno abandonen el poder, va a querer sentarlos en el banquillo por todos los graves delitos que han cometido.
Falta hace que llegue ese bendito día y pasen todos por el juzgado