Siendo José Antonio Griñán
presidente de la Junta de Andalucía, su gobierno puso en funcionamiento en
abril de 2013 una serie de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha
contra la exclusión social en Andalucía.
A las familias numerosas
andaluzas en riesgo de exclusión social, es decir, con unos ingresos mensuales
inferiores a 532 euros, se les prometió hasta 720 euros anuales por el
nacimiento de su tercer hijo durante sus primeros tres años de vida, y al resto
de familias, una cantidad anual
decreciente en función de sus ingresos mensuales.
A fecha de hoy, y ante la
indignación de las familias andaluzas que menos tienen, la Junta de Andalucía
acumula un retraso de dos años en el pago, es decir, ha incumplido su promesa,
ha incumplido lo que aprobó a bombo y platillo. La Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales se limita a decir ante este bochornoso hecho, que
reconoce algunas demoras.
Estamos hablando de una
asignación que resulta básica para familias que tienen reconocido el derecho a
percibirla, pero es que además, hay familias que desde antes de la llegada de
Susana Díaz a la presidencia, solicitaron la ayuda reuniendo las condiciones
exigidas y a fecha de hoy, la Junta de Andalucía sigue sin resolver sus
expedientes.
Esto es indignante. Si un
gobierno anuncia medidas de índole social es porque tiene fondos suficientes
para ello o voluntad política para sacarlos de donde sea del presupuesto, si
las anuncia para conseguir réditos políticos a sabiendas de que no va a cumplir
con los beneficiarios, es simplemente un gobierno de indeseables.
Siempre se ha dicho, que un
gobierno de izquierdas es más sensible ante los que menos tienen, lo mismo
estamos ante la excepción que confirma la regla.
