La Junta de Andalucía ha cesado a María Antonia González como interventora general, un cargo clave en la fiscalización de las cuentas públicas que depende de la Consejería de Economía y Hacienda. Esta funcionaria pública ocupó ese puesto en septiembre de 2022 y se hizo conocida por emitir un informe alertando sobre prácticas irregulares en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
En ese informe dejaba al descubierto, destapó, denunció las prácticas de fraccionar, masiva e indebidamente, contratos millonarios en el SAS, lo que habría permitido eludir la Ley de Contratos del Sector Público. Tras este informe se inició una investigación en la que se detectaron irregularidades que superaban los 1.225 millones de euros.
A pesar de las advertencias de la interventora en su informe, informes posteriores revelaron que sus recomendaciones no se habían cumplido. De esa manera, es ahora Juanma Moreno (PP) el que se dedica a otorgar contratos a sus amiguetes con el continuo uso de contratos menores para evitar la contratación abierta y competitiva, al más puro estilo PSOE. El PP en Andalucía hace lo mismo que criticaba a los socialistas. Desde la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, atribuyen su cese a razones personales.
Lo cierto es, que el buen y profesional hacer de esta funcionaria, consiguió que sus denuncias sobre el sistema de adjudicación del SAS, estén actualmente bajo investigación en un juzgado de Sevilla y de la Fiscalía Anticorrupción. De ellas podrían derivarse posibles delitos de prevaricación en la adjudicación de contratos a clínicas privadas entre 2020 y 2024, y ya han conseguido la imputación de la actual gerente del SAS, Valle García, y de dos de sus predecesores.
No solo la Sanidad y la Dependencia son un absoluto desastre en Andalucía, es que además, estas noticias son muy descorazonadoras para los que pensaban que tras la llegada al gobierno andaluz del PP esto iba a cambiar, por el contrario, están llevando a cabo prácticas propias de quienes llegan al poder para beneficiar a los suyos, importándoles un pepino el respeto a la legalidad y lo más importante, que los servicios públicos básicos no sigan deteriorándose, que es precisamente lo que está ocurriendo. Tras los años que lleva Moreno Bonilla en la presidencia de la Junta de Andalucía, ya no cuela echarle la culpa a la herencia socialista.
No me esperaba que Moreno llegara a hacer estas barbaridades