El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a la Junta a indemnizar con 60.000 euros a un padre de Huelva que pasó más de tres años en prisión preventiva, al considerar que el equipo psicosocial dependiente de la administración «dirigió» a su hijo de ocho años para que le acusara de unos abusos sexuales que posteriormente se demostraron falsos.
Este equipo de psicólogas pertenecen a una asociación ultra feminista que tiene un convenio exclusivo con la Junta de Andalucía desde tiempos del PSOE, para hacer periciales para los juzgados, es decir, instituciones corrompidas por el feminismo radical, talibanes de género haciendo periciales.
Estas psicólogas delincuentes arruinaron la vida de Teodoro, un hombre divorciado que en 2013 fue condenado a 14 años de prisión por estos hechos, pero cuya sentencia fue anulada posteriormente por el Supremo, tras determinar que el tribunal que le juzgó estaba «contaminado». Si su ex mujer participó, entiendo que debería ser juzgada con la total de las durezas, pues en este caso, como en muchos otros, esta historia podría haber finalizado con el suicidio de un padre inocente desesperado.
La Justicia asegura que tras lo perpetrado por las psicólogas feministas, su hijo ha interiorizado unos abusos que nunca existieron tras 150 sesiones de terapia “a lo Gestapo” y que ha desembocado en una «ruptura de la relación paterno-filial irreparable.
Tras lo ocurrido, indemnizar con 60.000 euros a este padre, parece ridículo, pero abre la puerta a la esperanza a muchos padres divorciados que se ven envueltos en acusaciones de abusos sexuales a sus propios hijos propiciadas por la madre que, sin embargo, posteriormente son desestimadas en los tribunales.
Tengo muy claro, que este tipo de asociaciones feministas que han colonizado las administraciones, realizan una actividad claramente criminal y deben ser apartadas de todo tipo de casos.