Allá por 2010, siendo
presidente de nuestro Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tomó la decisión
de volver a la banca pública, entiendo que a modo de experimento, haciendo que
el ICO financiase los proyectos que consideraran viables los técnicos de la
institución. Nunca por un importe superior a los 200.000 euros y asumiendo el
Estado los riesgos de las operaciones.
El Gobierno de entonces
entendía que con esa medida se podía contribuir de manera importante a
facilitar más crédito a las pequeñas y medianas empresas, y a las familias.
Ahora sabemos del gran
fracaso cosechado por un experimento que se tuvo que cerrar con rapidez al ser
una iniciativa mal concebida y mal implementada. De hecho, 5.000 pymes
posiblemente no puedan devolver los 35.000 euros recibidos. Se le llamó ICO
Directo y estaba devorando la cuenta de resultados de esa entidad.
Y es que el Gobierno ve
cada vez más difícil recuperar el dinero que se prestó entonces, de hecho, el
35% del dinero prestado entonces ya ha tenido que ser provisionado por
morosidad. Si tenemos en cuenta que la concesión de esos créditos no tuvo
apenas impacto en la economía y que su índice de morosidad es muy superior al
que se registra en la banca privada, podemos calificar la experiencia de auténtico
fracaso.
Es conocido que Podemos, en
su documento base propone el reconocimiento en nuestra Constitución de un
principio que consagre el crédito y la financiación a la economía como un
servicio público esencial, como un derecho. Entiendo que los de Pablo Iglesias,
tras lo acontecido con el ICO Directo, deberían explicar cómo lo harían ellos
para evitar que ocurriese otra vez lo mismo. También en Andalucía, Izquierda
Unida, sigue presionando al PSOE para que ponga en marcha una banca pública.
Puedo entender que se
den subvenciones, pero si lo llamamos crédito, entonces es una cantidad que se
presta y posteriormente se recupera, ya que si no se recupera la tenemos que
pagar todos, y muchos de esos todos posiblemente no estén de acuerdo.
