Alberto
Fabra, presidente de la Comunidad Valenciana, tomó ayer la única
decisión que podía tomar. Tras 24 años de trayectoria, Canal 9 se
ha había convertido en una estructura inviable que devoraba una
cantidad ingente de recursos públicos, recursos que en estos tiempos
eran necesarios para garantizar servicios básicos.
Estamos
hablando de un canal público que acumulaba 1200 millones de euros de
deuda a corto y medio plazo, y que había visto crecer su plantilla
hasta los 1.628 trabajadores, una cantidad equivalente a la suma de
los trabajadores de Antena 3, Tele 5 y la Sexta juntos, pero con la
diferencia de que los niveles de audiencia del canal público
valenciano eran insignificantes comparados con los de las cadenas
nacionales mencionadas.
La
decisión del TSJV de declarar nulo el ERE planteado para sanear el
ente y forzar a la readmisión de los 1.198 trabajadores afectados,
ha sido el hecho que ha provocado que Alberto Fabra tome tan drástica
decisión. El propio Fabra ha calificado su decisión como
“lamentable”, pero ha añadido “que tiene la obligación de
priorizar los servicios básicos”.
Estamos
ante una decisión polémica, pero que es coherente con la política
fiscal de recorte del gasto público. Mantener ese imponente aparato
de propaganda política resultaba una gran inmoralidad en estos
tiempos.
Los
sindicatos debieron calibrar las posibles repercusiones al presentar
su recurso contra el ERE, debieron entender que la única manera de
mantener ese servicio público era adelgazar de forma drástica la
estructura del canal.
Los
sucesivos gobiernos populares valencianos han hecho una gestión
catastrófica de Canal 9, los propios sindicatos debieron darse
cuenta de que el crecimiento desproporcionado de personal conduciría
al colapso y miraron hacia otro lado. Lo cierto es, que ningún medio
de comunicación puede permitirse el lujo de tener tan enormes
pérdidas. Incluso la oposición socialista veía Canal 9 como un
medio para colocar gente si llegaban al poder.
Es
cierto que una comunidad como la valenciana, con lengua propia,
debería contar con un canal público para difundir la cultura
valenciana, aunque visto lo ocurrido, lo mismo se debería
subvencionar a un canal privado para que realice ese menester.
Al
final, los grandes perjudicados son los de siempre, los
profesionales, los trabajadores. Desde aquí les mando mi comprensión
y les deseo que encuentren lo antes posible una salida laboral.