Con lo ocurrido ayer, queda
ratificado porqué Andalucía está en el furgón de cola de las regiones de
Europa, porqué tiene los peores índices económicos y porqué se baten a diario todos
los records de pobreza. Andalucía lleva gobernada por el PSOE desde el comienzo
de la democracia, y ahora sabemos fehacientemente, que quienes la han gobernado
se constituyeron en banda criminal para saquear las arcas públicas, e impedir
su desarrollo y el aumento del bienestar de los andaluces. Como un número
importante de andaluces aún a sabiendas de lo que ocurre siguen votando al
PSOE, a los responsables de todos nuestros males, posiblemente tengamos lo que
nos merecemos.

Demoledora. Así es la
exposición razonada que el instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge
Barreiro ha elevado a la Sala de lo Penal de dicho órgano para poder proceder
penalmente contra Chaves, Griñán, Viera y Zarrías, quienes ayer renunciaron a
sus actas obligados por los acontecimientos.

El juez instructor de los
ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha propuesto inculpar a los
expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves por un supuesto
delito de prevaricación administrativa, en 130 folios, el instructor aprecia
indicios sólidos y propone continuar el procedimiento penal contra ellos.  Los mismos indicios ve contra los exconsejeros
andaluces y diputados, el otrora gran cacique socialista Gaspar Zarrías y el
que fuera todopoderoso del socialismo sevillano José Antonio Viera. Para este
último, el juez entiende que, además, hay indicios de que pudo cometer
malversación de fondos públicos.

El juez concluye, que el
sistema de subvenciones investigado fue «ilegal» y cuestiona
férreamente el desconocimiento que esgrimieron cuando comparecieron ante él en
el Supremo. El magistrado archiva la causa respecto a la senadora Mar Moreno.

Además, en el caso de
Viera, el juez entiende que, además del delito de prevaricación, hay indicios
también de que pudo cometer malversación de fondos públicos, por lo que propone
que se continúe el procedimiento contra él por estos dos delitos.

En el caso del ex
presidente andaluz José Antonio Griñán, el magistrado motiva a través de un
auto los indicios recabados contra él por los que se le imputa el delito de
prevaricación.

En la exposición motivada,
el magistrado analiza, en primer lugar, el sistema establecido entre los años
de 2000 a 2010 para conceder ayudas socio laborales a empresas y particulares
por parte de la Junta de Andalucía. El juez relata cómo el sistema legal de
subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la
figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio
de las subvenciones.

Asimismo, el instructor
considera que el sistema de conceder ayudas o subvenciones mediante las
transferencias de financiación generaba el falseamiento del presupuesto de la
Junta.

«Aunque los elementos
indiciarios abundan en que todo se preparó e inició dentro de la Consejería de
Empleo, bajó la dirección de los imputados José Antonio Viera y Antonio
Fernández, que fueron quienes suscribieron el Convenio Marco a través del que
se encauzaron las transferencias de financiación, en una fase posterior, tal
como se ha argumentado, había ya varias consejerías implicadas y un
conocimiento constatado de varios consejeros. Ello sí permite sostener la tesis
de que a nivel de un sector importante del Consejo de Gobierno se asumió el
nuevo sistema y se materializó con las modificaciones presupuestarias y la
confección de los presupuestos anules», recalca el instructor.

El magistrado dedica gran
parte de su exposición a fundamentar por qué las decisiones adoptadas fueron
arbitrarias e injustas, requisitos necesarios para acreditar que con sus actos
pudieron cometer un delito de prevaricación administrativa.

El juez sostiene con cierta
sorna que «no hay que ser ningún experto en leyes para entender que cuando
el interventor general expresa de forma diáfana que se está prescindiendo de
manera total y absoluta del procedimiento que marca la ley para otorgar subvenciones
y que se está incumpliendo de forma reiterada un número importante de preceptos
que señalan los informes que dirigen a varios consejeros». Además, el juez
cita las palabras del Interventor General de la Junta, Manuel Gómez, para decir
que Chaves, Griñán Zarrias y Viera «cebaron sin descanso la partida de los
ERE».

Además, el magistrado se
pregunta si un sistema de intervención es eficaz «cuando el que hace la
labor de interventor general tiene que controlar la actuación de quienes lo
nombran discrecionalmente para ejercerla, es decir, si el interventor puede
realizar un control eficaz cuando es nombrado discrecionalmente por el
intervenido».

En el auto que afecta al
exsenador Griñán el instructor recuerda que se ha investigado una estructura
claramente jerárquica y piramidal «pues no solo es que la falta de entrega
por la viceconsejera de los informes que se dirigen al consejero contradiga de
forma patentemente irrazonable lo que sucede en casos similares, sino que de
acogerse la versión del imputado, en la Junta de Andalucía habría un sector de
altos funcionarios (de viceconsejerias hacia abajo) que estarían realizando una
especie de complot o de conspiración del silencio dentro de las Consejería de
Empleo, Economía y Hacienda para ocultar a los respectivos consejeros los
informes relevantes y alarmantes que les llegaban referentes al sistema de
aplicación de las transferencias de financiación».

Estamos ante un asunto que
sobrepasa lo meramente andaluz, pues Chaves y Griñán han sido presidentes del
PSOE a nivel nacional.

Un comentario en «Caso ERE: ¡A la cárcel con ellos!»

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