El
fallo del Tribunal Supremo a favor de la decisión del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña de obligar a la Generalitat a
incluir el español como lengua vehicular sin que los padres que
reclamen esa enseñanza para sus hijos deban esperar a que haya
sentencia sobre el caso, no hace mas que intentar impedir que la
Consejería de Educación de Cataluña continúe demorando la
aplicación de la ley mediante la estrategia de plantear contenciosos
de forma permanente.
A
partir de ahora, cuando cualquier padre solicite que a su hijo se le
impartan asignaturas también en español, si dicho centro educativo
no accede, con solo presentar un recurso ante el TSJC, este se
dirigirá al centro en cuestión y le recordará su obligación de
hacerlo.
Todo
esto es muy bonito, pero bajemos a la cruel realidad, una realidad
que nos dice que lo mas probable sea que como siempre, se nieguen a
cumplir este nuevo fallo, tanto la autoridad educativa como los
centros. Ojalá me equivoque.
Si
estuviera vigente el Estado de derecho en esa tierra española, la
Justicia iniciaría un procedimiento por desobediencia a los
tribunales mediante la aplicación del artículo 410 del Código
Penal, al no ser así, la patata caliente pasa al Gobierno que
preside Mariano Rajoy, y visto lo visto, aunque algún día tendrá
que sorprendernos, mucho me temo que este nuevo fallo del TS se lo
pasarán los dirigentes independentistas catalanes por sus “partes
nobles”.
Lo
que ocurre en Cataluña, ya no se puede solucionar, ni con sentencias
ni con declaraciones, ha llegado el momento de pasar a los hechos, y
mucho me temo que Rajoy, siguiendo los equivocados consejos de
Arriola, se ha acostumbrado a eso de “aquí no pasa nada, el tiempo
todo lo arregla, lo mejor es esperar”. Una forma de actuar
irresponsable de consecuencias imprevisibles.