A un mes del 1 de Octubre,
fuentes del Gobierno de España, afirman no descartar ningún instrumento legal
para frenar el referéndum de independencia en Cataluña, incluyendo la
aplicación del artículo 155 de la Constitución, que contempla una suspensión
temporal y limitada de competencias autonómicas en pos del interés general.
Muchos expertos, hace tiempo
que manifestaron, que ya no había tiempo para aplicar este artículo, pero el
Ejecutivo insiste en que sí lo hay, y que en apenas una semana se tendría lista
la intervención del Estado en la Comunidad Autónoma catalana, afirmando que lo
haría en áreas muy concretas, Educación e Interior.
Teniendo en cuenta, de que es
en los colegios donde los separatistas inoculan el odio a España a los niños
desde hace décadas, si el Estado interviniese la consejería de Educación y la
devolviese al poco tiempo, se merecería “ser linchado y ahorcados sus miembros
en plaza pública”, es un decir, pues jamás debería ser devuelta esa
competencia, sería una traición a toda la ciudadanía española, es de sentido
común.
El 155 requiere su aprobación
por la mayoría absoluta del Senado, por lo que no habría problema al disponer
el Partido Popular de esa mayoría.
Pero el asunto no está nada
claro, pues tras declarar recientemente el inane Milló, delegado del gobierno
en Cataluña, “que si el referéndum se hace, se haría sin garantías”, ahora
nuestro Gobierno, para intranquilizarnos aún más, afirma que el artículo 155
puede aplicarse antes de la celebración del referéndum, o después, si la
Generalidad se instala en la desobediencia, en el desafío a las leyes, y a las sentencias del Tribunal
Constitucional. Nos toman el pelo, pues Cataluña lleva desobedeciendo
sentencias hace ya mucho tiempo.
Como siempre, “El Manso de la
Moncloa”, le endiña la responsabilidad al Tribunal Constitucional en vez de
tomar él las decisiones. Lo cierto es, que el alto tribunal no puede hacer nada
hasta que las leyes, de Transitoriedad y de Referendum, sean tramitadas,
aprobadas y firmadas.
Mientras tanto, los plazos
también se les agotan a los sediciosos, y parece, que como no quieren firmar y
hacerse responsables del delito, lo cual les conllevaría la segura
inhabilitación, correría riesgo su patrimonio familiar, y los podría hasta
llevar a la cárcel, siguen todos ellos mareando la perdiz. Personalmente, dudo
que el seguro próximo presidente, Junqueras, se la juegue firmando.
Por otro lado, y con el
dinero de todos los españoles, Cataluña ha abierto otra “embajada de la
señorita Pepis”, esta vez en Dinamarca. Y lo ha hecho ante la indiferencia de
las autoridades danesas, los separatistas catalanes van de ridículo en
ridículo, la UE les niega una entrevista de alto nivel, Flandes suspendió una
misión comercial conjunta con ellos, las autoridades marroquíes se negaron a
mantener cualquier encuentro oficial y, suma y sigue.
Es una pena, pero las
autoridades catalanas, son vistas y tratadas en todo el mundo, como auténticos
apestados. Los independentistas se están cargando el prestigio de Cataluña, sobre
todo, el de su capital, Barcelona, un prestigio ganado durante décadas con
trabajo y buen hacer, los catalanes no se merecen esto.
Que más tiene que ocurrir
para que la población de Cataluña le dé la espalda a estos canallas, quienes
solo buscan la independencia para librarse de responder ante la justicia por
todo lo que han robado y los delitos que han cometido.
Los catalanes no se merecen
un gobierno que les miente, que no les protege, y que lleva ya demasiado tiempo
poniendo casi todos los recursos, incluidos los Mozos, al servicio de su ensoñación separatista.
