Comienza el asalto a la libertad.

Como era de esperar, teniendo
en cuenta las ideologías totalitarias de sus componentes, nuestro nuevo
gobierno se apresura a la hora de realizar los liberticidas cambios
legislativos necesarios para llevar a cabo sus propósitos.

El gobierno social-comunista,
planea derogar el Art. 315.3 del Código Penal para despenalizar la violencia
que se ejerza contra los trabajadores que no quieran hacer una huelga.

El derecho a hacer huelga
está reconocido en nuestra Constitución, y por supuesto, nuestras leyes también
reconocen, con la misma contundencia, el derecho a ir a trabajar. Por ello, en
la actualidad, el Código Penal castiga tanto a quienes coaccionan a quienes
quieren llevar a cabo una huelga, como a las coacciones que se pudieran cometer
contra esos trabajadores que no quieren secundar una huelga y quieren ir a
trabajar.

Con el cambio legislativo que
pretende hacer este gobierno, todos los trabajadores que opten por acudir a su
puesto de trabajo durante una huelga, quedarían en la indefensión más absoluta
ante la violencia ejercida por los piquetes.

Socialistas y comunistas
pretenden, cargarse el sagrado derecho que asiste a cada trabajador a decidir
en libertad si secunda la huelga por estar de acuerdo con los planteamientos
sindicales o si, por el contrario, no la secunda al estar en desacuerdo.

España es un país, donde la
gran mayoría de los trabajadores no pertenecen a ningún sindicato, simplemente,
porque no se sienten representados por unas organizaciones sindicales
politizadas por los partidos de izquierda. Ahora, este gobierno se convierte,
en connivencia con UGT y CCOO, en promotor de piquetes coactivos y violentos.