La ley de tasas judiciales, que ha sacado adelante el Partido Popular, en solitario, supone un retroceso histórico en materia de igualdad, y dejará a muchos ciudadanos sin posibilidad de acceder a la justicia. Una ley discriminatoria, ilógica y sin sentido, que supone un enorme paso atrás. Con las nuevas tasas, una parte importante de la ciudadanía no podrá defender sus derechos ante los tribunales por carecer de nivel adquisitivo. ¿Cómo podrán costear muchas familias estas tasas, si están pasando verdaderas dificultades económicas?
El pago de estas tasas, será una medida disuasoria para muchos ciudadanos, que preferirán no acudir a la justicia y resignarse, en lugar de defender sus derechos, algo que, cuando menos, choca con el Estado de Derecho en el que vivimos.
El Gobierno del PP, con esta ley, quiere obstaculizar el acceso a la justicia, en lugar de facilitarlo, después, dirá que los casos han disminuido y el plazo para resolverlos, gracias a su gestión, en lugar de explicar que hay menos porque los ciudadanos no acuden a la justicia, algo a lo que tienen derecho, según la Constitución.
La nueva ley rezuma afán recaudatorio del Ministerio de Justicia, y vulnera sobre todo, el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva. El Gobierno del Partido Popular ha creado una Justicia para ricos y, a los pobres, los deja totalmente desamparados.
Conviene recordar, que esta ley ha merecido el rechazo de la práctica totalidad de los operadores jurídicos, se ha opuesto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los colegios de abogados, notarios, registradores y procuradores.
Esta nueva ley, le va a dar la puntilla a miles de despachos de abogados, procuradores y pequeñas y medianas empresas del sector. Entre la crisis y esta ley, muchos se verán abocados al cierre. Como vemos, este Gobierno, como siempre, ayudando.
Las clases medias y bajas no podrán gastarse, por ejemplo, los 1.200 euros que prevé la norma para un recurso de súplica, esto constituye un retroceso democrático sin precedentes.
Es inmoral decirle a la gente que no puede acudir al juez, que lo importante no es que tenga la razón, que lo importante es tener o no tener “pasta”. Por ello, el efecto disuasorio de esta ley va a ser enorme, muchas personas se van a ver arrastradas a renunciar a hacer valer sus derechos, un retroceso histórico de consecuencias devastadoras.
A partir de ahora, cuando el poderoso pisotee los derechos del pobre, sabrá de antemano que este está indefenso, que no será demandado, que gozará de total impunidad.
Las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros.
La izquierda siempre ha acusado a la derecha, de que cuando gobierna solo lo hace para los ricos, parece que con esta ley, Rajoy y Gallardón, le quieren dar la razón.
Cada vez mas discriminaciones y desigualdades, nuestro sistema democrático hace aguas por todos sitios.