El 25-N y sus sombras

Como cada año, mañana se conmemora el denominado “Día Internacional contra la Violencia de Género”, una fecha que debería ser la oportunidad para combatir la violencia y sus causas y para promover la unidad y la concordia entre nosotros, en lugar de aprovecharla para promover ideologías que dividen y enfrentan a los españoles y crean una guerra de sexos, como lamentablemente ocurre en España desde hace años.

Se suceden estos días declaraciones, actos, homenajes y manifestaciones sin abordar las verdaderas causas de la violencia que se origina en el ámbito doméstico, entre personas que deberían convivir en un entorno de amor, concordia, entendimiento y respeto.

Cada año comprobamos cómo se utiliza a las víctimas de situaciones verdaderamente dramáticas en sus hogares para obtener rédito político, convirtiendo a las mujeres en colectivos que interesan a los partidos únicamente para sus cálculos electoralistas, mientras a la vez olvidan a las demás víctimas de esa violencia doméstica como hijos, hermanos, abuelos y parejas.

Ya está bien de utilizar ese dolor para destinar ingentes cantidades de dinero de todos los españoles a financiar asociaciones que, en teoría, se dedican a combatir la violencia contra las mujeres cuando la verdad es que no sólo no lo han conseguido, sino que son auténticos chiringuitos que se dedican solamente a colocar a los enchufados de los partidos y engañan a los españoles que de buena fe confían en ellos y les creen.

La realidad es muy clara, las leyes de género y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ni han reducido el número de víctimas ni han disminuido los delitos violentos. Al contrario, las cifras de muertes crecen y, gracias a la ley del sólo sí es sí, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, se ha rebajado la pena a centenares de violadores y pederastas: hasta noviembre de 2023, cuando se dejaron de publicar las cifras oficiales, se excarcelaron 126 violadores y se benefició a 1233 delincuentes sexuales.

Además, gracias a la promoción de la inmigración ilegal masiva y descontrolada, las calles de nuestros pueblos y barrios se han llenado de inseguridad, convirtiendo los lugares que antes eran seguros para nuestras madres, hermanas, amigas, novias y compañeras de trabajo, en lugares hostiles y peligrosos para ellas, por donde no pueden pasear con tranquilidad, sobre todo por las noches, cuando hace pocos años esta realidad era impensable.

Sin una inmigración controlada y ordenada, con voluntad de integración, la consecuencia es clara, una creciente inseguridad al permitir la llegada ilegal de extranjeros que proceden de culturas incompatibles con la nuestra, que denigran a la mujer y la consideran inferior al hombre. La situación es especialmente sangrante en los barrios más humildes, cuyos vecinos son víctimas de la violencia y la degradación.

Ante esta realidad, los mismos que defienden esa ideología de género que utiliza a las mujeres, olvida a las demás víctimas y crea una guerra de sexos, acabando con la presunción de inocencia para los hombres; todos ellos son los mismos que promueven como un principio inamovible la inmigración ilegal que está poniendo en riesgo a las mujeres en España, en un ejercicio de hipocresía difícilmente superable.

Es de justicia garantizar toda la asistencia y apoyo posible a las mujeres víctimas de violencia, trabajando también en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores. Del mismo modo, hay que apoyar y asistir a las víctimas de violencia doméstica, en especial a la que sufren las mujeres, los niños y los ancianos, incluyendo la elaboración de una Ley de Violencia Intrafamiliar.

Se debería derogar de inmediato la ley de violencia de género, la ley trans y la ley del sólo sí es sí, sustituyéndolas por una que aumente las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente. Se debería bajar la edad penal, y en cualquier caso una revisión de la ley del menor, para que se agraven las consecuencias a los menores que cometan este tipo de delitos.

También se debería reformar el sistema de protección de menores tuteladas para evitar así que caigan en redes de prostitución y, en los casos ya desvelados, actuar con toda la contundencia que la ley permita para llevar ante los tribunales a todos y cada uno de los implicados.

Se debe garantizar que ninguna mujer agredida se vea menos acompañada o asistida en función del sexo del agresor o la agresora o del género con el que se “autoperciba”. De igual modo, se pide que los hijos e hijas de una mujer asesinada no se vean discriminados en las ayudas a recibir por causa del sexo del asesino o asesina, o del género con el que se “autoperciba”.

Es necesario extirpar de nuestra sociedad los mensajes y discursos, civiles o religiosos, que promuevan o simplemente justifiquen la violencia contra la mujer.

Ya es hora de que se ponga en marcha un estudio en profundidad sobre el aumento de las agresiones sexuales, en especial los aberrantes casos de violaciones grupales, para determinar sus causas y elaborarlos perfiles repetidos de los agresores para poder combatirlos con más eficacia.

Es indispensable, que ningún hombre, independientemente del género con el que se “autoperciba”, pueda entrar en espacios de intimidad reservados a mujeres (vestuarios, baños, etcétera).

Hay que vigilar que, en el acceso a la función pública, con especial atención a los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes, se vigile que no se discrimine a ninguna mujer, ni mucho menos se ponga en peligro, caso de los deportes de contacto ante hombres que se “autoperciban” mujeres y pretendan ocupar espacios reservados para ellas.

Es necesario eliminar de los programas educativos la enseñanza del feminismo y de la ideología de género que, con la excusa de prevenir la violencia, transmiten a los menores una imagen deformada del hombre y del ser humano y la sexualidad y lesiona el derecho de los padres a elegir el modelo educativo de sus hijos que contempla el artículo 27.3 de la Constitución española.

Y algo de suma importancia, se debería perseguir de forma prioritaria las denuncias falsas, simplemente porque perjudican a las mujeres maltratadas e impiden que los recursos policiales y judiciales se destinen a los casos reales de violencia doméstica.