Teniendo
en cuenta que en España hay mas de 10.000 aforados de toda índole,
resultaría incomprensible que Don Juan Carlos, cuando deje de ser
rey, no tuviera esa condición, máxime cuando sabemos que la extrema
izquierda ha anunciado que en cuanto no tuviera blindaje judicial lo
acribillaría a demandas para así montar el circo republicano. No se
puede permitir que grupos radicales como Izquierda Unida u otros,
movidos por intereses espurios intenten obtener notoriedad o sacar
tajada política tratando llevar a Don Juan Carlos ante un tribunal.
Por ello, es una insensatez y una temeridad dejar abierta la
posibilidad de que ello pueda pasar, al Gobierno le toca remediarlo.
La
forma en que el Gobierno ha gestionado el proceso legal de abdicación
del Rey, es muy discutible, y no debe entorpecer una solución
satisfactoria que impida la pérdida de inviolabilidad de Don Juan
Carlos.
Me
parece totalmente fuera de lugar convocar dos sesiones en el
Parlamento para votar la abdicación, ya que dejar el trono es un
acto voluntario, individual y que no se puede impedir. Con este
formato elegido, lo único que va a conseguir el Gobierno es que haya
partidos que aprovechen los debates en el Congreso y en el Senado
para dar mítines antimonárquicos que van a desvirtuar el objeto del
debate.
Lo
cierto es que este Gobierno ha pecado de falta de previsión. Ahora
pretende aprobar a la carrera una Ley Orgánica para que Don Juan
Carlos no pierda su blindaje judicial tras ser relevado por su hijo.
Es razonable que nuestro rey no pueda ser imputado, en ningún caso,
por hechos ocurridos durante su largo reinado.
Dicen
que todo estaba planeado desde hace meses, y que la vicepresidente
era la encargada de darle cobertura jurídica a todo, parece que en
este asunto, doña Soraya, no ha respondido a las expectativas
depositadas en su persona.

Otro sinsentido de este bendito País, pero mientras tengamos un gobierno que por miedo es capaz de plegarse a todo seguirán los sinsentidos.
un saludo