Hace
un par de semanas, el Tribunal de Cuentas hizo público un informe en
el que alertaba del desbarajuste autonómico en el sistema de
atención a la Dependencia. Actualmente, Andalucía es en donde se
concentran el mayor número de beneficiarios en espera, uno de cada
tres, el 28% de las personas con derecho a prestación por
dependencia no la reciben en nuestra comunidad, algo intolerable.
Nuestro
sistema de Dependencia está lastrado por un enredo de normas, las
demoras en la información facilitada y en el reconocimiento de las
prestaciones, las listas de espera y las enormes diferencias en la
valoración de la capacidad económica del afectado según en la CCAA
donde resida.
El
desarrollo de la Ley de Dependencia de 2006 por parte de las CCAA ha
llevado a una enorme dispersión normativa que atenta contra los
principios de universalidad, igualdad y transparencia. Estamos
hablando de la friolera de casi 700 normas autonómicas y 134 normas
estatales.
Según
en que CCAA, el proceso puede tardar entre un mes y 500 días, una
auténtica barbaridad cuando lo recomendado es que las resoluciones
de reconocimiento de la prestación nunca superen los seis meses. La
explicación puede en parte estar en que no todas las CCAA utilizan
el mismo sistema de gestión de datos, algo que no tenía que
permitirse, pues los ciudadanos no deben sufrir las consecuencias en
sus servicios básicos de las ansias de los políticos por
diferenciarse mediante esa alocada carrera, de algunos, de parecernos
cada vez mas a los reinos de Taifas.
Lo
cierto es, que las diferencias entre CCAA a la hora de hacer
efectivas las prestaciones implican un claro elemento de desigualdad.
Andalucía, Valencia, Galicia y Canarias, son las CCAA que menos
dinero destinan a Dependencia por beneficiario. En esto también los
andaluces en el furgón de cola.