Según el informe de
Randstad, “Flexibilidad en el Trabajo 2014”, el empleo sumergido en España
supera los 190.000 millones de euros, casi el 20% de nuestro PIB, y duplica la
tasa de Francia y Reino Unido.
Randstad ha analizado el
volumen del trabajo no declarado y la economía sumergida en España, Europa y
las principales potencias mundiales. La Comisión Europea considera empleo
sumergido a cualquier tipo de actividad retribuida no declarada a las
autoridades pertinentes; este tipo de trabajo obstaculiza la recaudación
fiscal, perjudica al sistema de seguridad social y fomenta la competencia
desleal.
El informe de Randstad pone
de manifiesto que varios indicadores, como la corrupción, influyen de manera
directa en el volumen de empleo no declarado. En esta línea, niveles elevados
de corrupción en el sector público conllevan una mayor presencia de trabajo no
declarado en el mercado laboral. El empleo sumergido supone una vía de escape
para quienes se enfrentan a la corrupción cuando tratan de desarrollar su
actividad profesional dentro de la legalidad. Esta máxima se cumple claramente
en España.
Pero hay otro dato que
contribuye sobremanera en que en nuestro país los niveles de trabajo sumergido
sean tan elevados, me refiero al nivel de salarios. Cuando el trabajador no
puede con su salario cubrir sus necesidades básicas o las de su familia, no
tiene más remedio que compensar su falta de ingresos “por lo legal” con el
empleo sumergido. Recordemos que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en
España es de 645 euros por 14 pagas, mientras que en Francia está en 1445 euros brutos mensuales.
Literalmente, a millones de trabajadores españoles se les obliga a recurrir al
trabajo sumergido porque nuestra legislación permite que se paguen salarios de
hambre.
No hace mucho, nos contaban
nuestros gobernantes que éramos ricos y que estábamos a nivel europeo, una gran
mentira, mientras nuestro SMI no esté al nivel de nuestros vecinos seguiremos
formando parte de los parientes pobres del club comunitario.
