Tenemos un Gobierno que presume de ser defensor de las mujeres, aunque su feminismo parece más una estrategia electoral que una verdadera política de protección. Para el PSOE y sus aliados, este discurso se ha convertido en una industria que da votos y empleo a los suyos en múltiples chiringuitos, pero hace poco o nada por las mujeres que trabajan para el Estado.
Un ejemplo evidente es el protocolo contra el acoso sexual en la Administración General del Estado, aprobado en octubre de 2024. Según el propio Ministerio de Igualdad, este mecanismo solo se ha aplicado una vez desde su entrada en vigor. El Ministerio evita dar detalles sobre ese único caso y alega confidencialidad para no revelar ni el organismo implicado ni las medidas tomadas.
Una solicitud ciudadana pidió datos completos sobre denuncias, resultados y sanciones para evaluar la eficacia del protocolo, pero la respuesta oficial fue parcial y muy limitada, escudándose en la ley de protección de la intimidad. Así, la información fundamental sobre el funcionamiento real del sistema sigue sin conocerse.
El principio de confidencialidad, aunque busca proteger a víctimas y procesos, acaba funcionando como una barrera que impide acceder a datos generales o despersonalizados, por lo que protege al acosador. El resultado es que el protocolo, presentado en su día como un avance institucional, apenas se usa y no permite saber si las denuncias son, muchas o pocas, o simplemente están mal gestionadas.
Este tema coincide con otros casos recientes que evidencian fallos en la prevención del acoso dentro del sector público. El ministro del Interior anunció una revisión extraordinaria de los protocolos en Policía y Guardia Civil tras el escándalo de un alto mando denunciado por una agente, que curiosamente no utilizó para su denuncia los cauces establecidos al no fiarse de ellos. También dimitió Francisco Salazar, estrecho colaborador de Pedro Sánchez, tras aparecer acusaciones por conductas inapropiadas. El PSOE mantiene abierto su proceso interno, pero claramente está haciendo teatro hasta que todo se olvide.
En conjunto, todo esto muestra un panorama preocupante, el protocolo contra el acoso sexual en la Administración estatal apenas se aplica, y el Gobierno que se dice feminista no está garantizando espacios laborales realmente seguros para las mujeres que trabajan en ellos, por otra parte, nada nuevo, pues deja en evidencia a quienes aparentemente más legislan para proteger a las mujeres, pero que realmente son los que más las desprotegen y más las utilizan para satisfacer sus bajos instintos, como podemos ver en los mediáticos juicios en los que socialistas que han ocupado los más importantes puestos de responsabilidad, tanto en el PSOE como en la administración, están acusados de utilizar sus influencias para colocar sin trabajar en empresas públicas a sus prostitutas y a hacer viajes lujosos con ellas a costa del erario público ¿Qué más habrán sido capaces de hacer?
Ya no sorprende nada,
a no ser que monten otra guerra civil, que la van a perder