Todos
sabemos, que Susana Díaz es presidenta de Andalucía gracias a que
sus socios de gobierno lo han querido así. Durante toda la
legislatura, los comunistas serán “la mano que meza la cuna” de
la nueva presidenta.
En
cuanto la nueva presidenta forme su remodelado gobierno, tendrá que
empezar a demostrarle a sus socios que no se han equivocado al
apoyarla, y tendrá que cumplir sus compromisos o cesiones políticas
con ellos, compromisos que ciméntan el pacto de gobierno.
Izquierda
Unida ha impuesto abordar una especie de Reforma Agraria, llamado por
ellos Banco Público de Tierras. Susana Díaz, en su discurso de
investidura mencionó que lo crearía y lo pondría en marcha. Algo
parecido a lo que pretende IU ya está funcionando en otras CCAA con
resultados dispares, pero eso sí, en zonas con características
agrarias y de titularidad de tierras muy diferentes a las del campo
de andaluz.
Lo
cierto es, que la nueva presidenta debe confiar poco en el proyecto
que le han impuesto, pues nada mas empezar lo ha denominado
“Observatorio de Tierras”, un nombre bastante light.
La
intención original de IU es que este proyecto sirva como mecanismo
para permitir poner a disposición de las familias andaluzas sin
ingresos unidas en cooperativa, acceder a fincas agrarias y
forestales de titularidad pública andaluza. Eso sí, haciéndolo con
mecanismos que sean respetuosos con la economía de mercado y el
Estado de Derecho.
Este
sistema ha resultado ser siempre mucho mas eficaz en el norte, donde
abundan los minifundios, ya que en la Andalucía latifundista es todo
mucho mas complicado.
No
quedan muy lejanos aquellos días cuando el Instituto Andaluz de la
Reforma Agraria (IARA), repartía tierras entre pequeños
agricultores, y al poco tiempo, esas tierras eran abandonadas,
resultando un fracaso para los adjudicatarios. El IARA subastaba
tierras y la mayor parte de las veces, la subasta resultaba desierta.
La
Junta de Andalucía es propietaria de cerca de 25.000 hectáreas de
tierra cultivable y abandonada, si hay familias dispuestas a trabajar
esas tierras y salir adelante, supongo que lo razonable sería
intentarlo.
Otra
cosa son, las continuas ocupaciones ilegales de tierras que
protagonizan, demasiado a menudo, Diego Cañamero, Sánchez-Gordillo
y sus jornaleros del SAT, algo que no se puede permitir por ser
contrario a la ley.