Cuando los partidos
constitucionalistas parecía que se veían abocados a negociar para propiciar una
investidura y así desbloquear la situación, en ese preciso momento, ha
estallado un gran caso de corrupción que afecta al Partido Popular de Valencia.
Evidentemente, quienes presionaban a Pedro Sánchez apelando a los intereses de
España, ahora se van a encontrar con la segura respuesta de Pedro Sánchez de
que “él no está dispuesto a asociarse con una banda de ladrones”. Por ello, a
fecha de hoy, la posibilidad de un acuerdo a tres bandas es una quimera.
Es duro decirlo, pero el PP
de Valencia lleva años funcionando como una auténtica organización criminal,
una banda que saqueaba las arcas públicas mediante el cobro de comisiones a
quienes adjudicaban contratos.
Entre la treintena de
detenidos en esta primera hornada hay una decena de cargos del PP. Debido a la
identidad de algunos de los detenidos, es muy posible que la otrora todopoderosa
dama del PP valenciano, Rita Barberá, ex alcaldesa y actual senadora, note en su cuello el aliento de la justicia. La
Guardia Civil afirma, que parte de las mordidas eran para los imputados y el
resto, para financiar al Partido Popular, es decir, calcado al caso Bárcenas.
Debido a eso de la
“superioridad moral de la izquierda”, estos chorizos del PP valenciano son
mucho peores que sus iguales socialistas de los ERE, al menos eso parece en los
medios.
Soraya Saenz de Santamaría
dijo ayer, que en este país no existe la impunidad, que se lucha con ahínco
contra todos los corruptos. Le recuerdo a la Sra. Vicepresidenta que el clan
mafioso de los Pujol Ferrusola sigue en libertad porque su Gobierno ha impedido
que ingresen en prisión.
Visto lo visto, el
desbloqueo de la situación que vivimos pasa, o por unas nuevas elecciones, o
por qué no, por un gobierno PSOE-Cs que tenga como presidente a uno de los dos
líderes, en cuya investidura el PP se abstenga. Todo menos lo que le pide el
cuerpo a Pedro Sánchez, eso del pacto con comunistas y separatistas.
