Ya se ha conocido que, durante los primeros meses de la pandemia, el Gobierno de Sánchez firmó contratos fallidos por 140 millones de euros, operaciones a ciegas realizadas con empresas suministradoras que debían enviarnos los tan necesarios EPI para nuestros sanitarios, unos equipos que nunca llegaron y que obligaron a nuestros profesionales a agudizar su imaginación fabricándose ellos mismos sus protecciones con bolsas de basura u otros materiales que tenían a mano, y eso ocurría cuando los contagios estaban totalmente descontrolados, una auténtica vergüenza.

Cuando responsables ministeriales como Fernando Simón, nos decían por activa y por pasiva, que las mascarillas eran innecesarias, lo hacían porque sabían que eran incapaces de conseguirlas. Aún recuerdo cuando hace un año acompañé a mi hermana a una consulta de traumatología del Hospital San Juan de Dios de Bormujos (Sevilla), la especialista nos recriminó que lleváramos puestas mascarillas FFP3 con filtros de carbono mientras ella iba “a pelo”, ni discutí ni me la quité, pues no sé si la tenían engañada o cabreada.

Si en esos meses, fracasaron rotundamente con su gestión en lo relativo a la compra de los EPI necesarios, un año después, su incompetencia es absoluta, todo lo basan en restringir nuestras libertades y en impedir que los ciudadanos puedan trabajar, a la vez que no son capaces de disuadir o castigar a los asociales que no cumplen con las mínimas normas de seguridad establecidas. Todo esto hace que sigamos sin ver el final del túnel.

Este Gobierno lleva ya demasiados meses de mentiras, de falta de transparencia y sobre todo, de falta de autocrítica, pero lo peor no es eso, ya que los sondeos nos dicen que su actitud negligente y criminal no le ha penalizado en absoluto, que a sus votantes, que a sus hooligans, les da igual las bajas que hayan tenido en su familia, que le siguen dando su confianza. No puedo entender cómo se puede mantener el apoyo a opciones políticas tan dañinas para tu país. 

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