Tras
conocer el anteproyecto de Ley de servicios profesionales que ha
confeccionado el Ministerio de Economía, tengo que manifestar, que
me sorprende que en los actuales momentos el Gobierno pretenda hacer
unos cambios traumáticos que afectan al 30% de todos los empleados
con carrera universitaria.
Esta
ley afecta a abogados, arquitectos, ingenieros, peritos judiciales, y
sobre todo a los farmacéuticos.
El
Gobierno alega que quiere mejorar la competitividad e impulsar la
productividad de la economía, pero lo cierto es que su puesta en
marcha afectará enormemente a colectivos que ya se han visto muy
perjudicados por los recortes del primer año de legislatura del
Ejecutivo, como es el caso de los farmacéuticos.
Creo
que pocos dudan que dentro de la Sanidad, el servicio que dan las
farmacias a los ciudadanos es el mejor con diferencia. Hasta hace muy
poco, el único problema que existía eran las continuas protestas de
los licenciados en farmacia que carecían de oficina propia y que
pedían la liberalización en las aperturas por estimar que el
principio de igualdad se vulneraba.
Lo
cierto es que es un gremio compuesto por profesionales de vocación,
que tras pasar unos primeros años duros conseguían una situación
económica saneada y que proporcionaban muchos puestos de trabajo
tanto a otros licenciados como a auxiliares.
Si
este anteproyecto de Ley sale adelante, es muy probable que el gremio
farmacéutico cambie tanto, que nos cueste entender las motivaciones
posiblemente inconfesables de este Gobierno para cargarse un gremio
ejemplo para otros muchos de este país, y por supuesto, para el
correspondiente de los países del primer mundo.
El
Gobierno pretende que la dirección de la farmacia esté siempre a
cargo de un licenciado, pero que la titularidad no. Las consecuencias
de este cambio van a ser fulminantes, en pocos años, las
multinacionales farmacéuticas, unas de las más económicamente
poderosas del planeta, al igual que han hecho en otros países, se
harán con la casi totalidad de las oficinas de farmacia de nuestro
país, relegando al licenciado en farmacia a ser un simple asalariado
mal pagado, y eso será lo máximo a lo que podrán aspirar los miles
de ciudadanos que consigan acabar esa carrera universitaria.
De
un plumazo, este Gobierno acabará con algo, que repito, funciona muy
bien, y que seguramente, por las presiones del gran capitalismo
internacional, destroce. No debemos olvidar que hay corporaciones
farmacéuticas internacionales que facturan mucho mas que el PIB de
muchos países del tercer mundo.
Como
se puede observar, este Gobierno en vez de arreglar lo que no
funciona se dedica a cargarse lo que funciona, cada vez lo entiendo
menos.