Aún recuerdo cuando nuestra inútil vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, celebró hace un año la aprobación de la ley de vivienda porque iba a permitir “mejorar la vida de los españoles y porque convierte la vivienda en un derecho”, cuando en lo que se ha traducido es en que se ha duplicado el tiempo para conseguir echar a los llamados “inquiokupas” de ocho o nueve meses a año y medio por culpa de la maraña burocrática, y han aumentado los costes legales para unos propietarios, que ahora tienen que demostrar si el inquilino se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica para iniciar el proceso.
Como consecuencia de todas estas políticas equivocadas, cada vez hay menos viviendas en alquiler por el temor de los propietarios ante la indefensión en la que se encuentran y los que se deciden a alquilar, lo hacen tras una detallada investigación de los posibles aspirantes y exigiendo el máximo de garantías. Como consecuencia de ello, todo aspirante a alquilar en el que en su familia concurran una serie de factores que el propietario de turno considere de riesgo, como el que se les pueda encuadrar dentro de lo que la ley considera “vulnerabilidad económica”, lo tiene muy complicado para que alguien les alquile una vivienda. Resumiendo, la ley perjudica por igual a los propietarios que a los aspirantes a inquilinos.
El concepto de “vulnerabilidad económica” se refiere a la debilidad de una persona o familia frente a factores económicos adversos o crisis financieras, lo que les imposibilita, entre otras cosas, a hacer frente a los pagos. Esta situación puede estar ocasionada por varios motivos, como unos ingresos bajos por un empleo precario, falta de ahorros, deuda excesiva, dependencia de un solo ingreso, enfermedades e incapacidades y otras muchas cuestiones más. Los criterios que establecen las leyes actuales son el de un inquilino vulnerable sin familia ni personas dependientes, el de una familia con hijos y personas mayores, o el de una familia con situaciones especiales. En todos estos casos no se debe superar 4 veces el IPREM.
Lo cierto es que, aunque el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, manifestó el pasado mes de septiembre que la “okupación” es “otra de las grandes cortinas de las derechas para vender alarmas”, casi el 80% de los españoles considera que la “okupación” es un problema social en España, frente a un 8% que piensa se trata de un fenómeno residual “sin mayor trascendencia que suele exagerarse por motivos políticos”.
Un tercio de los encuestados, el 31% exactamente, dijo conocer directa o indirectamente algún caso, porcentaje que se eleva al 39% en Baleares, según un estudio elaborado por Línea Directa Aseguradora y publicado hace un año que señaló que el 24% de los españoles cree que hay posibilidades “medias o altas” de que les “okupen” su vivienda.
Es por ello, por lo que se debe exigir que se le “devuelva” la seguridad jurídica al arrendador como condición indispensable para que este problema se empiece a solucionar. El propietario debe sentir que la Administración “protege la propiedad privada” o no habrá solución al problema del alquiler a medio plazo.
Increíble para los tiempos que corren