Los españoles empezamos a estar hartos de los desvaríos de los nacionalistas, en este caso, catalanes. A las desafiantes declaraciones de los convergentes del gobierno catalán, ahora hay que sumar las barbaridades que ha dicho un miembro de ERC en el Senado contra nuestra Constitución.

Todos se niegan a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal la inmersión lingüística, y afirman que no van a rectificar en los dos meses que ha dado de plazo el TSJC.

Estamos ante un desafío en toda regla al Estado de Derecho, esperemos que este tenga los resortes necesarios para obligar al gobierno catalán a hacer cumplir la sentencia, aunque viendo la reacción de varios miembros del gobierno central y sus declaraciones, apoyando y animando el desacato, no lo tengo tan claro. La última declaración la ha hecho José Blanco, portavoz del gobierno, afirmando que el desacato de Artur Mas está avalado por el Tribunal Constitucional, es decir, anima a la Generalitat a recurrir al TC para que de nuevo convierta lo anticonstitucional en constitucional y sus miembros se hundan mas y mas en la inmundicia.

Si los miembros del TC participan en un nuevo escándalo de esas características podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el Estado de Derecho está en fase terminal.

Los nacionalistas parecen no darse cuenta del daño que le están haciendo a Cataluña. Si hace tres décadas Barcelona era la ciudad mas moderna y abierta de España, ahora se ha convertido en la capital de una comunidad en donde no se respetan desde las instituciones las libertades y los derechos de los ciudadanos ni las propias leyes, donde con prácticas totalitarias y fascistoides se impone el pensamiento único, y claro está, en España y en Europa lo saben y los desprecian por ello.

En la Europa sin fronteras y con moneda única, estos líderes aldeanos se siguen mirando el ombligo y dejando pasar de largo la modernidad, ¿Cuántas décadas le costará a Cataluña recuperarse de la epidemia nacionalista que padece?

Afortunadamente en el parlamento catalán hay un hombre, Albert Rivera, que siempre que puede y le dejan, pone colorados a los nacionalistas defendiendo la libertad y los derechos de los ciudadanos. Reconforta, pero de poco le sirve.

Y es que no se enteran de que el sujeto de la política es el ciudadano, que es el que tiene derechos. Los territorios y las lenguas no tienen derechos, los sentimientos identitarios de índole cultural, lingüístico e históricos tienen que ser excluidos de la esfera pública. Tengo muy claro que las identidades son individuales y no colectivas, como pretenden los nacionalistas.

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