Vivimos
en un mundo en el que al final todo termina por saberse. Ahora
resulta, que el magistrado que hace unos días archivo la denuncia
contra el alcalde de Marinaleda y diputado de Izquierda Unida, Juan
Manuel Sánchez Gordillo, llegó al Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía a propuesta del PSOE, que casualmente gobierna en esa
comunidad en coalición con IU, verde y con asas.

La
ley dice, que una de cada tres plazas de los Tribunales Superiores de
Justicia, se cubrirá con un jurista de reconocido prestigio a
propuesta del Parlamento de cada comunidad autónoma. Por ello, el
PSOE colocó en 2001 en el TSJA a Miguel Pasquau Liaño, que hasta
entonces era profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de
Granada.

Lo
de “reconocido prestigio” ha sido sustituido por los partidos por
lo de “dócil, obediente y con el carnet del partido en la boca”,
algo que se ha demostrado muy útil para los partidos, pues consiguen
que su gente se libre de ir a la cárcel tras cometer delitos.

La
decisión de este magistrado de archivar la denuncia contra Sánchez
Gordillo ha causado gran revuelo en el seno de la Justicia andaluza y
gran estupor entre los ciudadanos. El magistrado Pasquau ha “rizado
el rizo” llegando a conclusiones inexplicables sobre unos hechos
probados que el mismo admite en su auto exculpatorio. El “todo
vale” para librar a un camarada de la trena, ha sido muy descarado.

Las
amenazas y las coacciones de Sánchez Gordillo al gerente de un
supermercado Mercadona quedaron grabadas en video, teniendo en cuenta
que el Art. 315 del Código Penal dice en su apartado tercero que se
impondrán penas de tres meses a tres años de prisión y la
correspondiente multa “a los que, actuando en grupo, o
individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras
personas a iniciar o continuar una huelga”. Por ello, aquí no cabe
interpretación alguna, este tipo y su cuadrilla son culpables. El
magistrado intentó anular el video como prueba, pero su decisión
fue revocada por la Sala ante el recurso de la Fiscalía.

Pues
resulta, que este magistrado, que este pájaro, considera que Sánchez
Gordillo no se excedió y que sus coacciones no tuvieron la
intensidad necesaria, ya que no acudieron con mas arma que la
palabra.

Y
para dejarlo todo “atado y bien atado”, este magistrado-político
no solo se ha limitado a archivar la denuncia, si no que lo que dicta
es un “sobreseimiento libre”, es decir, el archivo total de la
causa, definitivo, sin posibilidad alguna de volver a abrirla en el
futuro.

Conviene
recordar, que la primera vez que llamaron a declarar como imputado a
Sánchez Gordillo, no se presentó en el Tribunal, y que la segunda
vez acudió arropado por un centenar de jornaleros del SAT, negándose
a declarar alegando indefensión.

Sus
seguidores siempre han aducido que “ningún juez tiene autoridad
moral para juzgar a este hombre”, y se quedan tan panchos. En
Andalucía impera un régimen cada vez mas bananero.

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