La
Diputación Provincial de Huelva, dirigida por el socialista Ignacio
Caravallo, ha decidido el cierre inminente de la Casa Cuna de
Ayamonte, dedicada a prestar atención a menores en desamparo.
La
consecuencia, es el regreso de niños a hogares que los habían
repudiado o incluso la repatriación de menores inmigrantes a sus
países de origen.
El
cierre de estas unidades familiares lo justifica el PSOE por la
crisis económica, y dice ahora que la tutela de menores es
competencia de la Junta de Andalucía. Conviene saber, que hace ya un
año, se cerró la primera de estas unidades. Este verano se cerró
la segunda, y las dos restantes dejarán de estar operativas antes de
fin de año.
Pese
a que el presidente de la Diputación ha manifestado ante los medios,
que no va a dejar tirados a los niños y que van a estar
perfectamente ubicados en la Junta de Andalucía, se han disparado
todas las alarmas debido a que, según parece, se están cometiendo
graves irregularidades en esa “reubicación”.
Se
conoce el caso de un niño con trastornos psiquiátricos que había
sido dado en adopción por su familia, y al que ahora se ha vuelto a
enviar a su casa, donde tiene que ser atendido por un padre demente
que no se puede hacer cargo de él, pero al que se le ha ofrecido una
retribución económica a cambio.
También
se conocen casos de niños inmigrantes a los que se habría dado en
adopción sin el conocimiento ni el consentimiento de sus padres
biológicos; padres que tras regresar a su país de origen por alguna
circunstancia, luego no se les ha dejado volver a entrar en España.
Y
que decir de los menores repatriados a la fuerza, pese a tener algún
tipo de discapacidad y requerir cuidados especiales.
Está
claro que estamos ante una materia muy sensible y, se están
incumpliendo protocolos y el rigor exigible en estos casos, donde los
protagonistas son niños.
Conociendo
el asunto, podemos afirmar sin temor a equivocarme, que el cierre de
la Casa Cuna de Ayamonte es una auténtica barbaridad, no se puede
hacer un recorte social contra los menores mas desfavorecidos.
Considero
que la gravedad del caso debería contar con la intervención de la
Fiscalía de Menores de Huelva y del Defensor del Pueblo Andaluz.
Y
lo mas triste de todo, es que esto ocurre en una institución como la
Diputación de Huelva, donde la mala gestión, el enchufismo y la
corrupción es moneda habitual de cambio. Como vemos, para quienes la
dirigen, es mucho mas importante tener bien colocados a los suyos,
que darle protección y un futuro a niños pobres e indefensos.
En
un país, donde casi a diario, tenemos noticias de casos de saqueo de
las arcas públicas por parte de políticos sin escrúpulos, también
se constata que los mangantes no albergan ningún tipo de sentimiento
hacia los mas desfavorecidos de nuestra sociedad.
Si
a la corrupción generalizada, unimos el abandono de los menores y
los ancianos que menos tienen, podemos afirmar que nuestra sociedad
esta enferma, muy enferma. Los que aún somos capaces de rebelarnos
contra la injusticia, podemos al menos levantar nuestra voz, hacer
que la ciudadanía conozca cada caso, y así, poner “coloraos” a
los que tienen el poder y la responsabilidad , desde sus cargos, de
velar por los más débiles.