Las viviendas turísticas se empiezan a convertir en un problema, un problema que no lo han provocado esas familias españolas propietarias que obtienen ingresos extras con el alquiler vacacional, sino por movimientos especulativos, por fondos buitres que han adquirido un gran número de propiedades para convertirlas en viviendas turísticas de bajo coste que en muchos casos no cumplen los requisitos mínimos de higiene y habitabilidad.
El hecho de que el ayuntamiento de Barcelona haya anunciado el fin próximo de estas viviendas, ha situado este problema en uno de los de más actualidad.
Lo cierto es que, desde hace unos años, las viviendas turísticas se han disparado y han copado la oferta en los barrios más emblemáticos de nuestras ciudades más visitadas. Se han convertido en competencia cuasi desleal de hoteles o campings, pues mientras que sobre estos pesa una estricta regulación respecto a salubridad, seguridad, prevención de incendios o ruido, la que afecta a un piso turístico, es anecdótica y su inspección al respecto es inexistente.
Esa ascendente saturación de pisos turisticos, expulsa a familias que vivían de manera permanente en la zona y puede suponer la desaparición del comercio local y su reemplazo por servicios enfocados únicamente hacia los turistas, provocando una pérdida de la diversidad económica y de vida social local, con la consecuente pérdida de identidad propia de cada barrio.
Es evidente, que la acumulación por parte de grandes fondos de inversión de viviendas que ofertan sólo en forma de pisos turísticos tiene como consecuencia el aumento del precio de la vivienda, a causa de la falta de oferta de hogares en régimen de propiedad o alquiler de larga duración.
Es importante saber que, desde un punto de vista laboral, el empleo directo e inducido que genera este tipo de viviendas es muy inferior al creado por la industria hotelera. Se estima que por cada 100 plazas de alojamiento turístico en viviendas de alquiler se crean 35,9 puestos de trabajo al año, frente a los 96,1 puestos generados por la industria de alojamiento regulado.
Si a esto sumamos, que existen 17 modelos distintos de regulación, el caos está garantizado y en él estamos. Es necesario crear una regulación nacional destinada a homogeneizar y terminar con esas 17 normativas de las diferentes CCAA.
También hay que tener en cuenta que las viviendas turísticas declaradas son solo la punta del iceberg, pues las ilegales son muchas más. Debido a ello, los políticos han encontrado en este asunto la coartada perfecta para justificar la falta de viviendas asequibles, tanto en alquiler como en venta. Lo cierto es, que si en el anterior régimen, en cuatro décadas se construyeron seis millones de viviendas muy asequibles, en otras cuatro décadas de democracia, los políticos que hemos sufrido han sido incapaces de construir las viviendas necesarias para satisfacer las necesidades de esa mayoría de la población que no puede pagar el precio del mercado libre, de hecho, la cantidad construida solo puede ser calificada de ridícula, pues apenas llegan al 10% de las construidas durante el franquismo.
El bipartidismo siempre se ha negado a recortar esos miles de millones en gastos innecesarios que habrían sido imprescindibles para construir viviendas populares. Estamos ante ese claro ejemplo que demuestra que para el bipartidismo siempre ha sido mucho más importante “su Estado del Bienestar” que ese moribundo Estado del Bienestar de los ciudadanos del que solo nos queda algún que otro destello.