Con
cinco
años
de
retraso,
el
Tribunal
de
Cuentas
ha
hecho
público
su
último
informe
sobre
la
contabilidad
de
los
partidos
políticos
y
sus
entramados
legales,
correspondiente
al
año
2007.
Teniendo
en
cuenta,
que
son
los
mismos
partidos
políticos
los
encargados
de
regular
por
ley
su
propia
contabilidad,
no
es
de
extrañar,
que
lo
hagan
de
tal
manera
que
les
sea
muy
sencillo
burlarla.
En
este
informe,
aparece
supervisada
la
financiación
obtenida
por
los
partidos
con
representación
en
el
Congreso
y
en
los
parlamentos
autonómicos,
así
como,
de
un
total
de
26
fundaciones
ligadas
a
los
partidos
presentes
en
las
Cortes
Generales.
Los
recursos
de
dichas
formaciones
proceden,
básicamente,
de
subvenciones
públicas,
en
base
al
número
de
escaños
y
votos
conseguidos
en
las
últimas
elecciones,
tanto
a
nivel
estatal
como
autonómico.
En la financiación
privada
se
incluyen,
las
cuotas
y
aportaciones,
de
afiliados
y
simpatizantes,
y
las
donaciones,
en
dinero
o
en
especie.
Y
los
créditos
concedidos
por
entidades
financieras
(en
2007,
226
millones
de
euros).
La
financiación
total
de
los
partidos
se
situó,
incluyendo
la
deuda,
en
casi
580
millones
de
euros;
sin
contar
los
créditos,
los
partidos
ingresaron
350
millones
de
euros,
el
80%
procedente
de
subvenciones
públicas.
Independientemente
de las cantidades percibidas por cada partido, lo realmente
importante, son las observaciones que la Cámara de Cuentas realiza
en su informe,
advirtiendo de que la gran mayoría de los partidos «no incluyen
ninguna información» en las memorias remitidas al Tribunal
sobre la relación de subvenciones y donaciones recibidas, así como
los detalles de las condiciones de los préstamos, o bien esta
información «está incompleta», lo cual viola la Ley
Orgánica 8/2007 sobre
financiación de partidos políticos. Señalando también que
«ninguna de las formaciones» ha rendido al tribunal los
debidos mecanismos de control interno que exige la ley para
«garantizar la adecuada intervención y contabilización de los
actos y documentos» relacionados con los ingresos y gastos.
Además, las formaciones no detallan en sus cuentas anuales la
financiación de sus formaciones locales, con lo que la opacidad en
este ámbito es notable. Tampoco contabilizan debidamente las
donaciones privadas, ya que no se ingresan en cuentas específicas al
efecto como establece la ley.
También
advierte
de
que,
en
materia
de
créditos,
«figuran
operaciones
que
no
han
sido
objeto
de
amortización
en
los
plazos
previstos»,
lo
cual
se
traduce
en
condonación
(perdón)
de
deudas
por
parte
de
las
entidades.
Y
ello,
sin
contar
los
bajos
intereses
que
pagan
los partidos
(apenas
un
0,4%
anual).
De
este informe, también se desprende, que la
participación
mayoritaria
que
mantienen
Convergencia
Democrática
de
Cataluña,
Eusko
Alkartasuna
y
Partido
Nacionalista Vasco
en
«diversas
sociedades
mercantiles»,
la prohíbe
explícitamente
la
ley;
y
que
el
Tribunal
de
Cuentas
es incapaz de imponer
sanciones
a
los
partidos
por
incumplir
la
normativa
sobre
financiación.
En
una democracia seria no ocurriría esto, pero en una partitocracia es
esencial que ocurra para que se pueda perpetuar. Los partidos
políticos corruptos son los que regulan por ley su propia
financiación, los propios partidos se autoconceden las subvenciones
desde las administraciones que controlan, los representantes de los
partidos en los consejos de administración de las cajas de ahorros
conceden créditos a su propio partido en condiciones superfavorables
y, a veces, hasta consiguen que sean condonados, y para terminar,
como los partidos son también los que configuran el Tribunal de
Cuentas, jamás se sanciona a ningún partido por incumplir la
normativa de financiación.
Si
nos damos cuenta, los partidos políticos, tienen montado un tinglado
mas propio de una dictadura que de un sistema democrático, ellos se
lo guisan y ellos se lo comen.
Los
únicos ingresos que deberían tener los partidos son las cuotas de
sus afiliados, y las donaciones y los créditos, deberían de estar
controladas con rigor y por un organismo independiente, aunque
entiendo que en la actualidad, en un país donde nada es
independiente, ni siquiera la Justicia, sería pedir peras al olmo.
Los
partidos deberían ser instrumentos al servicio de la sociedad, y lo
que hacen es que se sirven de la sociedad para mantener su posición
y, a la vez, colaboran en el empobrecimiento de los ciudadanos.
Otra
democracia es posible, la que tenemos no nos sirve por prostituida,
muchos desde la sociedad civil intentamos trabajar en ese sentido,
por la regeneración democrática de España.