La Junta de Andalucía es la
encargada de proteger y conservar el Parque Nacional de Doñana, ese
privilegiado espacio natural patrimonio de todos nosotros. Entre las
obligaciones de la administración andaluza está la gestión de los recursos
hídricos del Parque, y según información conocida hoy mismo, la Junta de
Andalucía ha incumplido su obligación de protegerlos.
El hecho de que la Junta de
Andalucía ignorara desde 2005 las reiteradas denuncias de sus agentes de Medio
Ambiente sobre pozos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana, unos
pozos que se desmantelaron en 2013 sin que la administración autonómica ni la
Fiscalía actuaran, nos da una idea de como el gobierno andaluz se preocupa de
una de las grandes joyas del patrimonio natural de Andalucía.
¿Qué intereses espurios
pueden hacer que una administración pública sobreponga las conveniencias de
agricultores privados a los intereses públicos?
Doñana se nutre del
conocido acuífero 27, un acuífero que desde que comenzó el boom de la fresa ha
sufrido el abuso y el acoso agrícola. Desde el principio, los agentes de Medio
Ambiente han aportado fotografías y coordenadas exactas de la ubicación de los
pozos e indicando en sus denuncias que las instalaciones estaban ocupando monte
público, debido al daño ecológico que esto supone en términos de deforestación.
Pese a que el gobierno de
Manuel Chaves aprobó en 2003 el Plan de Ordenación del Territorio Anexo a Doñana,
que en su artículo 45 prohibía expresamente la transformación del uso forestal
y la implantación de nuevos usos agrícolas e hidráulicos, la Junta de Andalucía
no ha actuado.
Si a esto sumamos, que los
agentes de Medio Ambiente encargados de levantar acta de las infracciones han
sido amenazados y hasta agredidos por agricultores y trabajadores agrícolas de
la zona, podemos hacernos una idea de la situación creada, gobernantes que no
hacen cumplir las leyes, funcionarios abandonados a su suerte y un Parque
Natural no protegido por quienes tienen la obligación de hacerlo.
