El Sindicato Andaluz de
Funcionarios (SAF) lleva desde el año 2010 reclamando a la Junta de Andalucía
información sobre los efectivos reales y los contratos de los externos, una
información básica e imprescindible para poder defender los derechos de los
funcionarios. La Junta de Andalucía se ha negado desde entonces a facilitar al
sindicato la información requerida, el SAF recurrió a los tribunales y ya tiene
21 fallos judiciales firmes que le dan la razón.
El Gobierno andaluz desoye
las sentencias de los tribunales para así poder seguir ocultando una
información que podría poner al descubierto la trama de enchufados que trabajan
en la Administración y los privilegios de los que disfrutan.
Al SAF le asiste el derecho
de conocer, tanto en las delegaciones provinciales como en las distintas
consejerías, los listados de efectivos reales que trabajan allí con el detalle
de si son externos, funcionarios, laborales o qué tipo de contrato tienen, además
de conocer, las retribuciones y los complementos salariales, que perciben todos
y cada uno.
Ante la falta de voluntad
de la Junta de acatar las sentencias, los tribunales siguen fallando contra su
opacidad.
Estamos ante otra nueva
muestra de que el Estado de las Autonomías hace agua por todos lados, de nuevo,
un gobierno autonómico incumple sentencias judiciales, se declara en rebeldía y
ningún órgano del Estado intenta hacer que se cumpla la ley. La rebeldía del
gobierno catalán en otros asuntos y la falta de respuesta del Estado, es
evidente que está creando escuela, ahora el gobierno andaluz comete delito de
desobediencia de resoluciones judiciales y contra los derechos de los
trabajadores, y no pasa absolutamente nada.
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