Desde que Moreno Bonilla (PP) preside la Junta de Andalucía ha demostrado ser un furibundo fundamentalista verde, partidario de las expropiaciones climáticas, un político empecinado en instalar en las fértiles tierras andaluzas plantas fotovoltaicas aún a costa de cargarse nuestro sector primario. Con personajes como él, a medio plazo, el aceite será importado.
Una gran noticia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha paralizado la obra de la EDAR Norte de Málaga tras estimar un recurso presentado por la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza, la Justicia frena el atentado ecológico que pretendía perpetrar Moreno Bonilla en el que se iban a talar 20.000 árboles y arruinar a más de 300 familias de agricultores.
En este caso, se impone por ahora el sentido común y el interés de los vecinos, ahora solo cabe exigir al Gobierno del PP que entierre este maldito proyecto para siempre. Toda una gozada en estos tiempos que vivimos, que la presión ciudadana y la razón, hayan vencido a la soberbia política de un presidente autonómico, en este caso del PP, que en vez de mirar solo por el interés del sector y de quienes viven de él, toma decisiones obedeciendo única y exclusivamente agendas ideológicas.
Pero no nos equivoquemos, el caso de esta comarca malagueña no es el único, Agricultores del Bajo Guadalquivir, una de las zonas agrícolas más productivas de Andalucía, están denunciando la creciente presión de empresas energéticas interesadas en transformar sus terrenos de cultivo en grandes instalaciones solares en connivencia con la Junta de Andalucía. Este fenómeno, cada vez más frecuente, amenaza con desfigurar el paisaje agrario tradicional de la comarca y comprometer la continuidad de explotaciones familiares que llevan generaciones dedicadas al campo.
Solo podemos calificar como de “suicida” a un gobernante, en este caso, el popular Moreno Bonilla, por permitir que terrenos fértiles, que abastecen de productos hortofrutícolas a buena parte de Andalucía, están siendo objeto de ofertas para convertirse en plantas fotovoltaicas, con el consiguiente riesgo para la actividad agrícola y la seguridad alimentaria local.
A modo de ejemplo decir, que en Italia ya se ha legislado para que las infraestructuras renovables se ubiquen solo en zonas no cultivables. Por otra parte, tenemos que acabar con el oscurantismo que lleva a cabo la Junta en los procedimientos de aprobación de este tipo de proyectos y por supuesto, tiene que contar con la participación real de los afectados en las decisiones que afectan al uso del suelo rural.
Han utilizado el sentido común en las altas instituciones del Estado, no tenía sentido otra propuesta