Vale
la pena leerse el informe de la Fiscalía Superior de Andalucía
relacionado con el fraude masivo en las ayudas a la formación, y en
donde se desvela que entre 2009 y 2010 el Servicio de Empleo de la
Junta emitió resoluciones de exoneración de justificantes de cursos
subvencionados por casi 300 millones de euros. Es decir, lo que se
tiene que justificar no se hace, y la administración te libera de
hacerlo, verde y con asas.
Una
administración, en este caso, el Servicio de Empleo Andaluz de la
Junta de Andalucía, no puede permitir a los beneficiarios de una
ayuda pública que no expliquen a que ha ido destinado el dinero
recibido, cuando es evidente que son ayudas “finalistas” y no se
pueden dedicar a otros menesteres.
Nadie
puede negar que nos encontramos ante una montaña de indicios que dan
a entender que la Junta de Andalucía pudo encubrir un fraude masivo,
algo que desmonta la estrategia de Susana Díaz de presentar a la
administración andaluza como víctima de unos desaprensivos, algo
que no se lo cree ni ella misma.
Los
casi 850 beneficiarios de las ayudas, y cada uno de los casi 81.000
expedientes aprobados de ayuda a la formación deben ser investigados
a fondo, y por supuesto, no por la propia Junta, si no por un ente
independiente, pues es necesaria la identificación de cada perceptor
de la ayuda, su importe, y circunstancias de su ejecución. Si esto
no ocurre, de nuevo, quienes malgobiernan Andalucía desde siempre se
estarán cachondeando de todos los ciudadanos andaluces.
Para
mas inri, la Fiscalía vincula el fraude de la formación con la
trama de facturas falsas del sindicato UGT, asunto que ya está en
manos de un Juzgado.
Visto
lo visto, o la Junta concedía las subvenciones mediante una
generalizada falta de control, o por el contrario, se estaba
perpetrando un premeditado saqueo de las arcas públicas del que han
salido beneficiados un gran número de personas de este régimen
social-comunista que ha dejado esta tierra como un auténtico erial.
