Solo puede calificarse de canallada la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, de denegar asilo a un número importante de activistas saharauis, tras pactar su expulsión con el gobierno de Marruecos. En cuanto lleguen, sufrirán en sus carnes la violencia de nuestro enemigo del sur, pues existe el riesgo cierto de que sufran represalias y atentados contra su integridad física. Marlaska, lo ha perpetrado ignorando las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Los activistas saharauis protagonizaban desde el pasado sábado una huelga de hambre en el aeropuerto madrileño de Barajas. Entre los que van a ser deportados, figuran un joven sordo y enfermo de cáncer y una pareja con una niña de año y medio. Su madre sufrió la semana pasada un aborto.
El canalla de Marlaska ha afirmado que “van a ser devueltos con la ratificación judicial al respecto” y que “no son acreedores de protección internacional de conformidad con la ley”.
No podemos olvidar que los padres y los abuelos de los jóvenes saharauis de hoy tuvieron DNI español, no podemos olvidar que eran nuestros hermanos del desierto. Para mí lo siguen siendo, fuimos la potencia descolonizadora y los abandonamos a su suerte, está claro que España, los españoles, tenemos una deuda histórica con ellos.
En estos momentos, aunque no tenga repercusión en los medios, la vida de los ciudadanos saharauis sigue amenazada a diario por el terror marroquí. Entiendo que todos los demócratas deberíamos manifestar nuestra oposición clara y contundente respecto a los sucesos que ocurren en el Sahara Occidental desde hace ya demasiado tiempo.
Por mucho que Sánchez le haya “regalado” el Sahara, unilateralmente y sin consultar con nadie, a Marruecos, debemos exigir el cese inmediato de la represión en los territorios saharauis ocupados ilegítimamente por el Reino de Marruecos, debemos condenar la ocupación marroquí, así como cualquier iniciativa del Reino de Marruecos encaminada a perpetuar su ocupación ilegal del territorio del Sahara. Debemos exigir la presencia de observadores internacionales en el territorio, que puedan actuar con total libertad y que den fe de lo que allí está sucediendo a diario y que sirvan, además, como garantes de los derechos humanos para la población saharaui. Debemos apoyar el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, como condición inexcusable para cualquier solución pacífica del problema del Sahara, bajo las condiciones establecidas por la Organización de Naciones Unidas. Debemos exigir la celebración del referéndum de autodeterminación, en el marco del Plan de Arreglo aprobado por las partes bajo los auspicios de Naciones Unidas.
Debemos condenar la sumisión a Marruecos del Gobierno de España avalando con su política a un gobierno que vulnera sistemáticamente los derechos humanos de los indefensos saharauis y de su propio pueblo. No olvidemos que en Marruecos no hay ciudadanos, hay súbditos.
No se puede consentir la violencia bajo ningún pretexto