El Tribunal Constitucional
decidió ayer por la tarde, suspender la resolución aprobada el pasado lunes por
el Parlamento de Cataluña al admitir a trámite la impugnación presentada por el
Gobierno.
Las consecuencias son, que
dicha resolución no puede ser aplicada en ninguno de sus términos, es decir,
queda sin efecto legal, por lo que quienes la pusieran en práctica, podrían ser
inhabilitados por el propio Tribunal Constitucional, además, podrían ser
acusados de un delito de desobediencia y hasta de conspiración para la sedición. Esta suspensión afecta a todos los altos cargos y funcionarios de la
Generalidad catalana.
Ahora, el TC dispondrá de
cinco meses para examinar con detenimiento la impugnación del Gobierno, aunque todo
indica que lo hará mucho antes, pues es evidente que la resolución,
aprobada y suspendida, es claramente
lesiva de la atribución del principio de soberanía nacional al pueblo español y
rompe la indisoluble unidad de la nación española. El Parlamento de Cataluña se
ha apropiado ilegalmente de la soberanía nacional arrogándose unas atribuciones
que solo competen y son propiedad de todos los españoles.
Todas las instituciones y
todos los ciudadanos están obligados a obedecer las leyes aunque no estén de acuerdo
con ellas, hablamos de un principio básico en cualquier democracia. Instalarse
en la insumisión, y proclamar la desobediencia a las leyes, no puede salirle
gratis a nadie.
La vicepresidenta en
funciones del Gobierno de Cataluña afirmó que van a desobedecer la suspensión,
pues ellos solo dependen de su Parlamento. Con esta actitud, es el propio
gobierno catalán el que suspende su autonomía, pues se rebelan contra la
Constitución de donde emana su autogobierno.
Muchos reprochamos a Rajoy
su falta de contundencia contra los separatistas catalanes, él ha elegido el
camino a seguir y sus tiempos, por el bien de todos espero que no se equivoque.
