Vivimos en una realidad en la que las noticias malas se suceden con una velocidad vertiginosa y casi todas ellas se consideran antiguas a los pocos días. He dejado pasar unos cuantos días antes de decidirme a escribir sobre la noticia más grave que ha acontecido en Andalucía en mucho tiempo, me refiero a los imperdonables fallos en el cribado del cáncer de mama de los gobiernos del PP y del PSOE.
En Andalucía, el sistema de cribado de cáncer de mama en mujeres antes de que tengan síntomas, ha sufrido graves fallos. A finales de 2024, más de 2.000 mujeres que participaron en estos cribados no fueron informadas a tiempo de los resultados, lo que significa que algunas no recibieron el seguimiento adecuado para detectar posibles cánceres. Este error ha generado una gran preocupación, ya que el retraso en el diagnóstico de cáncer de mama puede poner en riesgo la vida de las personas afectadas. A fecha de hoy, la Junta de Andalucía aún no ha sido capaz de informar exhaustivamente de la magnitud real del problema y de los posibles fallos fatales.
El protocolo aprobado en 2011 por la entonces Consejera de Sanidad, María Jesús Montero, eliminó la obligación de comunicar resultados tras la primera mamografía, limitando la transparencia informativa y la capacidad de las pacientes de tomar decisiones clínicas, dejando esa información para una segunda prueba que en muchos casos nunca se realizó. La norma se ha mantenido sin revisión hasta ahora, con gobiernos del Partido Popular.
Los fallos de coordinación entre radiodiagnóstico, atención primaria y unidades de mama, junto a la ausencia de controles y auditorías, impidieron detectar la falta de seguimiento. Estos problemas se arrastraban desde 2011 bajo gobiernos del PSOE.
La consejera de Salud, Rocío Ruiz, se resistió bastante, pero al final dimitió el 8 de octubre. La Junta ha reconocido el error, ha anunciado un plan de choque de 12 millones de euros, revisa los casos, ha modificado el protocolo y prevé completar todas las pruebas antes del 30 de noviembre de 2025.
A la hora de la verdad, el Partido Popular acaba gestionando igual de mal que el PSOE. Ya no engañan a nadie con el mito de la gestión. Gestionaron mal la DANA de Valencia, han gestionado mal los incendios de este verano y gestionan fatal la sanidad pública de los andaluces. El precio siempre lo pagan los mismos, los españoles de a pie.
El fallo en el cribado en el cáncer de mama es imperdonable. No estamos hablando de un fallo puntual del gobierno de Moreno Bonilla, sino ante la consecuencia de una perversa manera de gobernar que ha consistido en limitarse a gestionar la nefasta herencia socialista. Esta inacción ha costado la salud e incluso la vida de mujeres andaluzas.
Hay que pedir responsabilidades, caiga quien caiga. El que tiene dinero para mantener el despilfarro socialista y se dedica a crear oficinas para ex presidente de la Junta con sueldos vitalicios o a multiplicar las subvenciones a los sindicatos corruptos, es incapaz de atender a las mujeres con cáncer de mama, tiene que dimitir y marcharse a su casa.
Moreno Bonilla afirmó ante las cámaras que tenía un corazón “asín de grande” para los de fuera y por lo visto, un corazón miserable para los de dentro. Las políticas de puertas abiertas y la permisividad con la invasión migratoria están poniendo en riesgo la seguridad y la libertad de las mujeres españolas. La mayoría de los españoles no quieren ni uno más aquí. Es fácil de entender, más personas a las que atender y mismos medios, resultado, todo a peor.
El PP mantiene en las políticas esenciales la misma línea que el PSOE. Ambos partidos son responsables del colapso de los servicios públicos, especialmente del sistema sanitario, desbordado por la inmigración masiva e incontrolada que ellos mismos han fomentado.
Los planes de choque llegan siete años tarde porque deberían haberse aplicado al desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía y no a seis meses de las elecciones y tras un escándalo como este que ha provocado muertes inocentes. La culpa no es de unos profesionales sanitarios ya maltratados.
Moreno Bonilla tiene que dimitir porque no estamos hablando de un fallo puntual, sino de la consecuencia de haberse dedicado a gestionar la herencia socialista. Y sus consejeros no deben ser recolocados en otros cargos, sino que deben asumir su responsabilidad política.
El PP y el PSOE gestionan igual de mal la sanidad pública andaluza. Da igual quién gobierne porque el resultado siempre es el mismo: listas de espera y fallos imperdonables.
No es casualidad que la misma semana que Moreno Bonilla anunciaba deducciones en el IRPF para mascotas y para el gimnasio conociéramos que su gobierno ha dejado desprotegidas a más de dos mil mujeres a las que no se les ha dado toda la información en cribados del cáncer de mama.
El balance del Gobierno del popular Moreno Bonilla es descorazonador. Se niega a facilitar cuantos inmigrantes ilegales tienen la tarjeta sanitaria. Impide la transparencia y trata de ocultar su nefasta gestión y los datos de las listas de espera.
A final de 2024:
-Consultas externas: 866.248 personas en espera. El 56,5% de las citas se atienden por encima de los 60 días.
-Quirúrgicas: 207.236 pacientes pendientes de intervención; 43.270 fuera de plazo (más de 365 días); demora media de 169 días, solo superada por Extremadura.
-Atención Primaria: demora media de 10,66 días, más de dos días por encima de la media nacional (8,67 días) y más del doble que la media del País Vasco.
-Dependencia: tiempo medio de espera de 559 días. En lo que llevamos de año han fallecido 5.292 personas en los distintos procesos de la dependencia.
Y frente a ello, despilfarro político que supera ampliamente al del PSOE:
-La Junta de Andalucía del Partido Popular tiene 332 altos cargos frente a los 152 que había en diciembre de 2018 con el Partido Socialista., con un coste presupuestario de 37, 5 millones de euros en 2025.
-Las ocho delegaciones de gobierno más las oficinas ubicadas en Madrid, Bruselas y Barcelona asciende a un coste de personal y mantenimiento que alcanza los 30 millones de euros.
-Moreno Bonilla blinda las subvenciones a sindicatos y patronal mediante ley, otorgándole cada ejercicio subvenciones directas por valor de 1,7 millones a UGT y CCOO y 3,5 a patronal. Un total de 7 millones anuales que bien podrían destinarse a ayudar a los autónomos.
¿Alguien me puede explicar en qué ha consistido el cambio, PP por PSOE en Andalucía?
De pena