Con el peregrino argumento de que reforzar las inversiones y el comercio con Marruecos forma parte de los esfuerzos europeos para promover la democracia al sur del Mediterráneo, la UE decide sacrificar a los agricultores españoles y nuestro gobierno lo permite.
El sentido común nos dice que los productos agrícolas de los países miembros deben tener preferencia, que hasta que la producción de sus socios no haya sido colocada, la UE no puede permitir que entre producto de terceros países. Pues no, la UE pasa de nuestros agricultores y permite que entre en Europa un producto procedente de un país, Marruecos, regido por un tirano, donde no se respetan los Derechos Humanos y donde a los trabajadores agrícolas se les pagan sueldos de hambre. En esas condiciones y con esos costos de producción, el precio final siempre será imposible de igualar para los productores europeos.
La misión de un gobierno es la de defender a sus nacionales, a sus ciudadanos, a sus agricultores. Si lo que se pretende es hundir definitivamente nuestra agricultura, parece que lo van a conseguir.
Desde hace mucho tiempo he defendido que en los productos agrícolas hay que establecer precios mínimos, ya que desde hace mucho tiempo se están cometiendo muchos abusos por parte de intermediarios y grandes cadenas de alimentación. Cuando uno ve a cuanto se paga en origen un producto, y con posterioridad nos informamos de su precio final al público, nos damos cuenta de la dimensión del problema. El agricultor debe vender a un precio que le permita subsistir, y eso no está ocurriendo la mayor parte de las veces.
Este es un caso de esos, tan claro, que los que aún nos revelamos ante las injusticias, debemos de movilizarnos y exigir a nuestro gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar el futuro de nuestra agricultura.
Pero es que para más vergüenza, el convenio firmado, entre la UE y Marruecos, incluye los recursos del Sahara Occidental, un territorio ocupado militarmente por Marruecos y que está siendo expoliado.
Nuestro gobierno debe rectificar e impedir que dicho acuerdo se haga efectivo