La Ley de Eutanasia hace una regulación muy restrictiva del derecho fundamental de la objeción de conciencia reconocido en nuestra Constitución, así lo considera el Comité Español de Bioética, organismo que se ha pronunciado pese a que el Gobierno nunca solicitó su opinión, sabedor de que se opondría a lo que pretendía perpetrar, entre otras cosas, por sus muchas “lagunas legales”.

Para el CEB, la eutanasia no puede calificarse como un acto médico, ya que no tiene como fin el beneficio de la salud del paciente, si no acabar con su vida. Por ello, afirman que se debe reconocer el derecho a la objeción de conciencia, no solo a los médicos, si no a todos los profesionales que prestan servicio en un centro sanitario y cuya intervención resulte necesaria para que pueda realizarse el acto eutanásico.

También el CEB plantea serias dudas sobre el registro de objetores de eutanasia que se pretende crear, ya que su creación entraña un riesgo de violación del derecho a la libertad ideológica de los objetores registrados, subrayando también que el acceso al mencionado registro debería estar extremadamente restringido y ser de uso exclusivo para ordenación asistencial. Algo lógico, pues conociendo a los partidos políticos y organizaciones sindicales que apoyan la eutanasia, se utilizaría esa información para estigmatizar a los objetores que no estén dispuestos a obedecer su Ley.

También abordan un tema importante, el de la objeción de conciencia de todo un colectivo, en relación al caso de los hospitales o centros sanitarios de inspiración católica, recordando que se debe permitir, pues tanto el artículo 16 de la Constitución, como la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional lo reconocen.

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