Con motivo de todas las
informaciones que se van conociendo sobre las finanzas de Rodrigo Rato, Pedro
Sánchez, se ha apresurado a pedir que el Gobierno informe de lo que está
sucediendo, y que se habrá una comisión de investigación parlamentaria. Hasta
ahí todo razonable.
El problema reside, en que
el actual líder del PSOE, nunca tuvo los arrestos necesarios para exigir lo
mismo a la presidenta andaluza, su compañera Susana Díaz, en relación a los
casos, ERE y Cursos de Formación. Casos que en cuantía económica multiplican el
de Rato por el infinito.
Acaba de conocerse, que el
equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la unidad orgánica de Policía
Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, ha entregado a la
juez Alaya un pormenorizado informe en donde detalla las irregularidades que se
habrían cometido en los expedientes de subvenciones otorgados por la Junta de
Andalucía a los afectados por la crisis de la minería onubense.
La Guardia Civil localiza a
334 intrusos en ese ERE, beneficiarios que no habían pisado una mina en su vida
y se han llevado la pasta, beneficiarios que no tenían la edad mínima para
prejubilarse y se han llevado la pasta, beneficiarios que estaban ya
recolocados cuando recibieron las ayudas y se han llevado la pasta. Pasta toda
ella, procedente de los bolsillos de los ciudadanos honrados, de nuestros
impuestos. Hablamos de, solo en esta zona, 138 millones de euros.
La Junta de Andalucía
incumplió la ley con la finalidad de comprar el favor popular para asegurarse
la paz social en la comarca, y de paso garantizar el voto eterno de la comarca
al PSOE.
De este y de otros muchos
casos que afectan a su partido, Pedro Sánchez no dice ni pío, así que su de
credibilidad es cero patatero.
