En
la semana que hoy finaliza, el Tribunal Constitucional ha declarado
nulo el cobro del impuesto sobre las plusvalías municipales en caso
de que la venta o transmisión de un inmueble no conlleve ganancias
para el propietario, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora,
cuya mera titularidad obligaba a pagar en función del valor
catastral del terreno y los años transcurridos desde su adquisición.
Este
era un impuesto claramente injusto, puesto que el ayuntamiento
cobraba aunque la venta de la vivienda se saldara con pérdidas para
el propietario, cuando la regla jurídica siempre ha sido que el
cobro de impuestos debe atenerse a la capacidad económica del
contribuyente y a la existencia de beneficios por el incremento real
del valor del bien. Nuestra Constitución dice claramente, que un
tributo debe ajustarse a la legalidad y ser proporcional.
Desde
el estallido de la crisis y de la burbuja inmobiliaria, muchos
propietarios han tenido que vender sus viviendas por debajo del
precio al que las adquirieron, siendo encima víctimas de un
atropello fiscal, carente de toda lógica, y que por supuesto, no se
ajustaba a Derecho.
Lo
pagado indebidamente durante los últimos cuatro años no ha
prescrito, por lo que los ciudadanos “estafados” deben exigir a
sus ayuntamientos les devuelvan las cantidades cobradas
indebidamente, pero aquí empieza el problema, pues los ayuntamientos
ya han comunicado, que ellos carecen de fondos para afrontar esas
devoluciones, pues esa partida no está contemplada en sus
presupuestos.
Mucho
me temo, que el dinero necesario para esas justas devoluciones, al
final lo pagaremos todos, pues con dinero público se socorrerá a
los ayuntamientos, y esas justas devoluciones las pagaremos entre
todos, tiempo al tiempo.
