Desde la Transición, todos
los partidos que han llegado al Gobierno de España, han utilizado al Estado
como una vaca a la que se ordeña, como un botín a repartir entre sus fieles. Las
llamadas “puertas giratorias” son un claro ejemplo de ello. Tanto el PSOE como
el Partido Popular, y ahora también Podemos, jamás tuvieron ningún rubor a la
hora de expoliar los recursos públicos para buscar una ocupación a dirigentes
amortizados y devolver favores, enchufándolos con astronómicos sueldos.
La tercera parte de los ex
ministros en edad laboral están hoy colocados en consejos de administración,
muchos de ellos, relacionados con su actividad pública. Mientras que por
ejemplo en Francia, su Código Penal, lo tipifica como delito si se trafica con
la influencia, aquí existe una absoluta impunidad para estas reprobables
conductas, que incluso los partidos las consideran, normales y justificadas.
Las puertas giratorias no
solo atentan contra los principios de mérito, solvencia profesional, y
neutralidad de las Administraciones Públicas, es que además suponen un claro
perjuicio para las arcas del Estado al colocar a personas incompetentes al
frente de empresas esenciales para la economía española.
Ahora el PSOE y Unidas
Podemos, y antes el Partido Popular, se comportan como organizaciones que se
dedican a parasitar todo lo que pueden de la sociedad, pero con una gran
diferencia, la izquierda cuando no gobierna critica con dureza ese mal hábito
del Partido Popular, pero cuando llegan al poder se transforman, y de inmediato
le otorgan sillones de oro a los suyos. Aún recuerdo cuando desde la oposición,
Pablo Iglesias afirmó que las puertas giratorias eran una forma de corrupción,
ahora desde su mansión ya no lo dice.
