Las
intenciones del Gobierno, de vetar a las lesbianas y a las solteras a
la hora de acceder a la reproducción asistida en la sanidad pública,
demuestra de nuevo, que la derecha española no termina de adaptarse
a los tiempos que corren, intentando vetar a colectivos que poseen
los mismos derechos que los demás.
Independientemente
de nuestra forma de pensar y de las creencias religiosas que
tengamos, cuando se legisla se legisla para todos, y por supuesto,
con una visión laica de la sociedad, una determinada moral no puede
limitar derechos de ciudadanos.
Si
lo que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
pretende, es excluir de este tratamiento a estos dos colectivos,
auguramos una sesión muy movida en el Consejo Interterritorial de
Sanidad, donde seguro que los progresistas plantarán batalla a
semejante despropósito.
La
premisa del criterio único de la infertilidad que ha utilizado el
Gobierno en este documento, puede considerarse homófoba y machista.
A estas alturas, pretender imponer a las CCAA, que solo las parejas
integradas por un hombre y una mujer, puedan someterse a tratamientos
de inseminación artificial o fecundación in vitro, es un ataque
frontal al principio de igualdad.
Por
mucho que le pueda molestar a una parte de nuestra sociedad, las
parejas formadas por dos personas del mismo sexo gozan de los mismos
derechos que las heterosexuales y pagan sus impuestos, por ello,
tratar de discriminarlas a la hora de darles una prestación de la
sanidad pública me parece algo injustificable.
Y
que decir de las mujeres que haciendo uso de su libertad han elegido
permanecer solteras y ser madres, algo desde mi punto de vista muy
respetable.
Que
el Ministerio de Sanidad alegue a estas alturas criterios
terapéuticos y preventivos para discriminar me parece intolerable.