Estamos viviendo una
situación excepcional en España, se ha activado y prorrogado el Estado de
Alarma, se continúa restringiendo la movilidad de los ciudadanos, lo que es
probable que incremente el número de sanciones administrativas impuestas por
saltarse el confinamiento y la incoación de procedimiento penales por delitos
de desobediencia o resistencia a la autoridad.
La responsabilidad y el civismo
de la gran mayoría de la ciudadanía es evidente, pero siempre hay una minoría
que se salta ese confinamiento. Estar en la calle sin poder alegar alguna de
las excepciones que permiten la circulación por la vía pública durante el
estado de alarma no es razón suficiente para sostener una acusación por delito
de desobediencia, por ello, la mayoría de las sanciones que están imponiendo
las Fuerzas de Seguridad del Estado son por infracciones administrativas. Solo
hay delito, si se produce desacato a una orden dada «personalmente y con
claridad» por un agente.
El confinamiento se prolonga,
mucha gente se desespera y al final pasa lo de siempre, los que tienen algo que
perder se quedan en casa para no ser sancionados económicamente y los que no
tienen nada a su nombre ni ingresos declarados, harán lo que les dé la gana, pues
jamás pagarán la sanción. Mientras más dure el confinamiento, los más incívicos
camparán a sus anchas por nuestras calles, por ello, nuestros gobernantes no
pueden alargar esta situación más de lo necesario.
