El Gobierno que preside Pedro Sánchez se encuentra cada vez más cercado por una trama de corrupción que no deja de extenderse y que, semana tras semana, parece alcanzar a nuevas instituciones del Estado. Esta situación no puede interpretarse como una suma de casos aislados, sino como la manifestación de un sistema mafioso basado en la ocupación estratégica del poder, el uso partidista de los organismos públicos y la permanencia a toda costa en el cargo de un presidente que es consciente de que, en el momento en que abandone La Moncloa, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.
A pesar de las investigaciones en curso que afectan tanto a su entorno político como a su ámbito personal y familiar, Sánchez no ha presentado su dimisión. Los últimos episodios de corrupción han alcanzado ya a instituciones de gran relevancia como la Guardia Civil, la Agencia Tributaria o la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), lo que incrementa la percepción por parte de la ciudadanía de que está gobernada por una auténtica organización criminal.
En este escenario, la continuidad en sus cargos de figuras clave como la directora general de la Guardia Civil, su director adjunto operativo o el propio ministro del Interior es vista como una anomalía democrática de gran calado. Esta situación refleja hasta qué punto se ha deteriorado el sistema democrático surgido de la Transición, que ha sido transformado profundamente por la orientación política actual del PSOE bajo el liderazgo de Sánchez, que se ha desplazado hacia posiciones de izquierda radical o extrema izquierda. Lo que explica que el actual PSOE esté fagocitando a todos los grupos que históricamente estaban a su izquierda. Este Gobierno se consigue mantenerse en el poder gracias al respaldo de los grupos parlamentarios que comparten un único denominador común: su odio a España.
Una de las maniobras que genera mayor indignación es la conocida como “Ley de Nietos”. Mediante la aplicación de esta norma, el Gobierno ha transformado el acceso a la nacionalidad española en una herramienta con fines electorales. La medida responde a una estrategia destinada a alterar el resultado de futuros comicios, ampliando artificialmente el censo de ciudadanos con derecho a voto.
Ante la pérdida de apoyo entre una parte significativa de la población española, la respuesta del Ejecutivo es la de incorporar nuevos votantes potenciales mediante esta vía legal. Nos encontramos ante una decisión que no responde a criterios históricos o de justicia, sino a una maniobra para compensar el desgaste político y el creciente descrédito del Gobierno entre el “auténtico” electorado español. Como los españoles le han dado la espalda, pues le da la nacionalidad a otros muchos para compensar la pérdida de apoyo.
Entre esta operación y la regularización de inmigrantes ilegales, en pocos años y si no lo paramos ya, las decisiones las tomarán otros, nos habrán sustituido, la soberanía española nos habrá sido arrebatada.
Hay mucho dramatismo en este artículo Hay gente sobradamente preparada para impedir que esta fechoría se haga realidad.