En el punto 31 del pacto alcanzado entre PP y VOX para constituir Gobierno, a petición de la formación de Abascal, se contempla analizar la situación jurídica y organizativa del personal procedente de la desaparecida Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) y de otros colectivos integrados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) desde 2011, al entender que esos puestos pudieron ser utilizados como “una red de colocación”.
El texto señala que la Junta promoverá un estudio jurídico-funcional y organizativo de estos trabajadores con la finalidad de asegurar el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Asimismo, prevé la ejecución de la resolución judicial firme relativa al proceso de estabilización actualmente recurrido y, en su caso, la revisión o repetición del procedimiento selectivo para subsanar las irregularidades detectadas.
El acuerdo también indica que la Administración autonómica evaluará de manera individual la situación de cada empleado. Dicha revisión incluirá el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para acceder al empleo público, las titulaciones necesarias para el desempeño del puesto, las condiciones de acceso y la adecuación de la figura del personal indefinido no fijo, así como las consecuencias derivadas de la jurisprudencia nacional y europea.
El objetivo de este proceso, según el documento firmado por ambas formaciones, es garantizar la seguridad jurídica, evitar cualquier efecto disuasorio para futuros aspirantes y asegurar que el acceso a la función pública se ajuste estrictamente a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El texto destaca que todas las actuaciones contarán con respaldo técnico y jurídico y se desarrollarán con la máxima transparencia.
La medida responde a una de las principales demandas de VOX durante la negociación del acuerdo con el Ejecutivo de Juanma Moreno. El partido de Santiago Abascal ha defendido en reiteradas ocasiones la necesidad de revisar la situación de los trabajadores incorporados al SAE procedentes de la FAFFE, al considerar que muchos de esos puestos fueron utilizados por anteriores gobiernos socialistas como una red de colocación de afines.
El acuerdo establece, además, que los trabajos comenzarán de forma inmediata tras la firma de la correspondiente resolución judicial y deberán completarse a lo largo de la legislatura, abriendo la posibilidad a la salida de aquellos empleados cuya incorporación no supere el análisis jurídico e individualizado previsto por la Junta de Andalucía.
El PP de Moreno Bonilla, gobernando en solitario, no se había decidido a hacerlo, pero ahora, a instancias de VOX, no ha tenido otra opción que iniciar el despido masivo de esa amplia red de enchufados socialistas, de esa legión de parásitos que ocuparon y lastraron la Junta de Andalucía y que han supuesto un coste considerable, como es lógico, sufragado con nuestros impuestos.
Nos encontramos ante una nueva muestra de que, cuando VOX forma parte de los gobiernos, el PP se ve obligado a actuar como corresponde y no puede eludir sus responsabilidades. Si esta medida se materializa, una importante injusticia histórica será corregida gracias a VOX. A mí personalmente, nunca se me olvidará aquella comparecencia de la señora de Juan Espadas, cuando quedó demostrado en sus declaraciones que no sabía a qué se dedicaba ni que programa informático utilizaba en su puesto de trabajo, es decir, que cobraba por no hacer nada.
Puede que sea el fin del régimen de los estómagos agradecidos