Hay que reconocerlo, las TV autonómicas, desde su creación, han sido instrumentos utilizados por el partido de gobierno en cada autonomía, para tratar de adoctrinar a los ciudadanos y darles una información sesgada que favoreciese sus expectativas electorales, así de claro, además de convertirse en entes idóneos para el enchufismo político, de ahí las aquilatadas e inviables plantillas.
Por todo ello, aplaudo el anuncio del gobierno de que va a remitir a las Cortes Generales un Proyecto de Ley, que se tramitará por la vía de urgencia, de modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica.
Así, los gobiernos regionales decidirán si prestan o no el servicio público de televisión. Si deciden dejar de prestar el servicio podrán convocar los correspondientes concursos para la adjudicación de licencias privadas. En este sentido, podrán transformar la habilitación de servicio público en licencia y transferirlo a un tercero, de acuerdo con su legislación específica. En otras palabras, por primera vez el Gobierno abre la puerta a una privatización total de las televisiones.
Por otro lado, si las comunidades deciden prestar ese servicio público de televisión, podrán hacerlo, no sólo mediante gestión directa sino que también podrán optar por fórmulas de gestión indirecta. Por lo tanto, se amplía la capacidad de cómo se presta la actividad de televisión autonómica, que hasta hoy sólo debía prestarla la propia administración, lo que se traduce en que podrán recurrir a una gestión privada. Con esta decisión se busca una mayor eficacia y eficiencia, y responde a peticiones de muchas comunidades autónomas que ante las dificultades reclaman que se amplíen las posibilidades de gestión.
A la ley, se suma la obligación de que si la comunidad mantiene la gestión pública de la televisión, el ente que lo gestione tendrá que cumplir los principios de estabilidad presupuestaria, es decir, no se permitirán desequilibrios en gastos e ingresos. De lo que se desprende que las TV autonómicas dejarán de ser “el pozo sin fondo” que llevan siendo durante ya demasiados años y que tanto han perjudicado a la economía de nuestro país.
Si el despilfarro que se ha producido en la gestión de los canales autonómicos ha sido escandaloso, más escandaloso ha sido su uso “para hacer a los ciudadanos un lavado de cerebro diario”. Vivo en Sevilla y os puedo decir, que sin la utilización que el PSOE ha hecho de Canal Sur, hubiese sido imposible darse los resultados electorales tan favorables a los socialistas durante tantos años. Cuando hablas con cualquier ciudadanos de cualquier tema de actualidad política, te das cuenta de inmediato si es asiduo de Canal Sur. Parece mentira como se puede moldear la opinión de la ciudadanía manipulándola desde un medio público.
Si otras veces, he criticado al gobierno del Partido Popular, en esta ocasión apoyo su iniciativa. Solo espero, que las CCAA que se decidan por mantener sus TV publicas, respeten y cumplan el déficit cero, y si no lo cumplen, que el gobierno central disponga de los instrumentos para pedir responsabilidades y castigar a los responsables políticos.